“Hoy es indispensable que nuestros egresados posean una visión más amplia y actualizada en ámbitos como el teletrabajo, la contratación electrónica, la ciberdelincuencia y, principalmente, el resguardo de la información individual”. Con estas palabras, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Rodolfo Walter, dio inicio al seminario “Perspectivas acerca de la protección de datos personales”, actividad que tuvo por objeto analizar las implicancias del uso indiscriminado de este tipo de datos por parte de algunas empresas.

Ante un público compuesto casi en su totalidad por estudiantes de Derecho, la primera expositora y docente de la Facultad, Ximena Sepúlveda, aseguró que este es un tema “desértico y poco explorado” que hay que regular de manera urgente, ya que el mal uso de la información privada de los ciudadanos podría, en el peor de los casos, vulnerar sus derechos fundamentales.

Una de las fundadoras de la ONG Datos Protegidos, Jessica Matus, planteó además que cuando una persona “es capaz de controlar su información de interferencias indebidas”, se puede garantizar el derecho a la igualdad, la educación o la salud. De lo contrario, ejemplificó, las empresas podrían afectar o discriminar a cualquier individuo si supieran que tiene una probable enfermedad.

“Esto se viene regulando desde los años 50, lo que pasa es que con la evolución de las tecnologías esto transitó y se fue a internet. Entonces, ¿de qué manera podemos controlar la información que está allí?, sostuvo.

Actualmente, el Congreso tramita un proyecto de ley para modificar la normativa sobre protección de la vida privada, promulgada en 1999. Según los expertos, es de suma relevancia dar luz verde a esta iniciativa para evitar que las grandes compañías virtuales sigan beneficiándose con los datos.

Para el senador Felipe Harboe, el trabajo legislativo es el adecuado “porque generará, sin duda, un estándar muy superior al que tenemos hoy”, al tratar de replicar estándares de la Unión Europea sobre el resguardo de información.

En esta línea, Jessica Matus agregó que “si logramos una legislación como la que tiene ese proyecto, podríamos tener una normativa muy actualizada en relación a los países de la región”.