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Columna de opinión: "Política de Investigación y Desarrollo en Chile: ¿Por dónde partir?"

Por Pablo Catalán Martínez, PhD
Académico Facultad de Ingeniería
Investigador Centro de Estudios de Sistemas de Innovación (CIS2)

Una vez instalado, el recientemente creado Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación deberá abordar una serie de desafíos que nuestro país enfrenta. Entre ellos, contribuir a dejar atrás nuestra histórica dependencia de industrias basadas en recursos naturales, en base a un proceso de transformación productiva conducente al surgimiento de nuevas industrias tecnológicas.

En tal sentido, cabe la pregunta de si existe una ruta cronológica común que a su vez permita a Chile alcanzar mayores estándares tecnológicos. La respuesta no es simple. Las diferencias entre países, propias de sus realidades sociales, políticas, económicas y culturales, ejercen influencia en sus estrategias de desarrollo. Casos exitosos como Finlandia o Corea del Sur, no hacen sino reafirmar tal aseveración. Una rápida comparación de la política pública detrás de los procesos de cambio tecnológico ocurridos en tales países, nos lleva a observar decisiones similares en torno a la formación de capital humano avanzado y al financiamiento de Investigación y Desarrollo (I+D). No obstante, tras un estudio de mayor detalle, la rutas se desvían unas de otras. Así como Finlandia, tras un proceso de industrialización, apostó por abrir su economía y construir capacidades tecnológicas en Pequeñas y Medianas Empresas, Corea del Sur construyó sus industrias tecnológica desde el concepto de la imitación y una selección centralizada de sectores específicos a ser fomentados.

Resulta también conveniente visitar las condicionantes que países hoy exitosos experimentaban al momento de registrar niveles de desarrollo similares al Chile de hoy. Finlandia, en el año que registraba similar ingreso per cápita que Chile -1979- presentaba una inversión en I+D equivalente al 1.2% de su Producto Interno Bruto (PIB). En el caso de Corea del Sur, la equivalencia de ingreso se dio en el año 2000, alcanzando, en aquel momento, su inversión en I+D el 2.2% del PIB. Relevante es también considerar la distribución de la inversión en I+D. Pues bien, en países hoy desarrollados, la inversión en I+D, al momento de tener un ingreso per cápita similar al de Chile, fue largamente liderada por el sector público. En 1971, en Canadá, un 65% de la inversión en I+D provenía de programas públicos, mientras que en Australia, en 1968, tal número alcanzaba un 71%, muy por sobre el 45% registrado hoy en nuestro país.

Tras ello, con una mayor capacidad científico-tecnológica ya en existencia, el sector privado asumió un liderazgo decisivo para la construcción de nuevas industrias de base tecnológica. De forma de replicar tales dinámicas en nuestro país, se necesita de un consenso político-social de largo plazo que permita un incremento de la inversión pública en I+D. Tal desafío no es responsabilidad exclusiva del gobierno de turno, sino de la sociedad chilena en su conjunto.