*Por Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Democracia Gidhd-UdeC

En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el “día internacional por los derechos de la mujer y la paz internacional”. Con la fecha se busca mantener en la memoria colectiva, entre otros hechos históricos, la tragedia ocurrida en una fábrica de textiles a un grupo de mujeres que dieron la vida por sus derechos y la permanente lucha de ellas por alcanzar una verdadera igualdad entre todos los seres humanos.

La fecha invita a un repaso por los logros de las mujeres en temas de derechos humanos pues hemos obtenido grandes avances en la institucionalidad formal internacional y nacional. Sin embargo, estos logros no alcanzan para dejar totalmente atrás las diferencias que obstaculizan una verdadera igualdad entre seres humanos.

Efectivamente, al mirar la realidad es posible comprobar que pese a los instrumentos y las normas, los discursos y las políticas públicas; algunas emblemáticas sentencias de tribunales nacionales e internacionales; el reconocimiento que supuso modificar la Constitución Política de la República afirmando que “Hombres y mujeres son iguales ante la ley”, las mujeres siguen sufriendo diversas manifestaciones de desigualdad. Ello primero por sólo ser mujeres y luego por algunas de las particulares características que forman la identidad: la etnia, la orientación sexual, el género, la posición económica, la nacionalidad, la religión u otra.

Además, se discrimina por la forma de construcción de las normas e instituciones sociales, políticas y jurídicas que se ha hecho muchas veces desde estereotipos y pretendidos roles o facultades asignados a las mujeres con un enclave en una cultura patriarcal y androcéntrica.

En el mundo de la familia, de la educación, de la libertad sexual, del trabajo o de la política, la igualdad y el empoderamiento de las mujeres está lejos de llegar en plenitud.

En este último ámbito - el de la política - parece que hemos logrado avances más visibles, pero en verdad, falta mucho por hacer. A días de que inicie un nuevo gobierno en Chile, debemos relevar que la menor participación política de las mujeres es una constante en la historia nacional.

A pesar de que las mujeres votan en igualdad formal de condiciones en elecciones municipales desde 1935 y en presidenciales y parlamentarias desde 1949, según la Duodécima Encuesta Nacional “Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2017”, elaborada por la Corporación Humanas, un 87% de las mujeres encuestadas manifestó sentirse discriminada. De ese porcentaje, 74,4% consideró el ámbito político como uno en que se produce esta exclusión y el 88.5% estimó que Chile es un país machista. Específicamente en el ámbito de la participación política, la misma encuesta muestra que un bajo 6 % cree que la política es sólo para hombres y el 77,8% cree que en Chile debería existir una ley que obligue a que exista igual número de hombres y mujeres en cargos públicos.

Un ejemplo lo encontramos en los cargos públicos designados para asumir este 11 de marzo de 2018. En el Gabinete Ministerial que asumirá, de los 23 ministros, sólo 7 serán liderados por mujeres, es decir, un 30%. De las 35 subsecretarías, 11 estarán a cargo de mujeres, lo que equivale a un 31%; y en las Intendencias, sólo 5 estarán a cargo de mujeres, esto es, un 31%.

En 2010 ya lo dijo el Informe del PNUD sobre Chile y poco hemos avanzando en esto, “…es posible afirmar que las mujeres no están plenamente incorporadas al ejercicio del poder en las organizaciones formales tradicionales. No se trata sólo de la distribución porcentual de los cargos en los distintos ámbitos de la toma de decisiones, sino en la ‘manera de hacer las cosas’ en esas esferas. Los lenguajes, los temas, los horarios, la forma de sociabilidades y el uso de los espacios, las estrategias de alianza, el manejo de los conflictos y los estilos de liderazgo, todos ellos reproducen de manera imperceptible el predominio masculino”.

Parece que necesitamos entonces un nuevo pacto para avanzar en una verdadera igualdad, teniendo presente que ello no puede mirarse sólo en clave de derechos humanos. Es también un tema de desarrollo, de bienestar, de crecimiento económico y social, aunque evidentemente derechos humanos y desarrollo van absolutamente juntos si se trata de buscar el progreso de las sociedades. Es una cuestión de verdadera legitimidad de una sociedad que se llame democrática porque los derechos de las mujeres son derechos humanos.