A pocos meses del término de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap), las facultades de Ciencias Ambientales y de Ciencias Forestales, junto a la Seremi del Medio Ambiente del Bío Bío, llevaron a cabo un conversatorio con el fin de propiciar un diálogo entre sector público y la academia sobre la iniciativa impulsada por el actual gobierno.

La idea surgió a partir de una declaración pública, emitida por la Facultad de Ciencias Forestales, en la que manifestó su preocupación por los cambios en la institucionalidad forestal a partir de la creación del Servicio Nacional Forestal (Sernafor) y el eventual conflicto de competencias en el ámbito de la conservación, a partir de la creación del Sbap.

En al apertura del encuentro, el Decano de Ciencias Ambientales, Dr. Ricardo Barra, comentó que la idea de estos diálogos es recoger las distintas miradas que existen al interior de la Universidad, en relación a la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas.

“En ese sentido, para la Facultad de Ciencias Ambientales y el Centro, que tienen una larga trayectoria en temas de la protección y la conservación de la biodiversidad, es de alta importancia tener alguna incidencia en esta nueva ley que esperamos sea promulgada antes del término de esta administración (presidencial)”, expuso el Dr. Barra.

En tanto, el Decano de Ciencias Forestales, Dr. Jorge Cancino, expresó que esta discusión es relevante para la Facultad, porque los cambios institucionales que suponen la creación de Sbap y Sernafor tendrán efectos en la actividad académica.

“Estamos preocupados porque (con la creación de Sernafor) se reducen las atribuciones (actuales) de Conaf y eso tiene impacto en el campo laboral para una de nuestras carreras (Ingeniería Forestal)”, dijo, aunque reconoció que, por otro lado, la puesta en marcha del Sdap, debiera favorecer la especialidad de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales.

“Desde la perspectiva de la formación de capital humano, somos incumbentes en ambos proyectos de ley”, afirmó.

Desde el área de Biodiversidad de la Seremi de Medio Ambiente, Cristian Cornejo valoró la realización de esta jornada como una oportunidad “de acercar posiciones, que se han conocido públicamente, que son diferencias respecto a matices que tienen ambos proyectos de ley”.

Lo importante, agregó, es que éstas sean zanjadas en la discusión parlamentaria, desde una perspectiva técnica y “con altura de miras”, en el sentido que Chile necesita “resolver temas fundamentales de institucionalidad ambiental”, al mismo tiempo que moderniza la gestión del estado en estas materias.

El marco general para el diálogo fue aportado por la jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medioambiente, Alejandra Figueroa, con una presentación en que dio cuenta de los avances en la discusión del proyecto de ley que, dijo, debiera estar promulgado en marzo de 2018.

La ejecutiva explicó que el espíritu de esta ley “es conservar y preservar la biodiversidad del territorio nacional en los componentes que son significativos a nivel de genes, especies y ecosistemas, en una matriz integrada con el ser humano, donde las actividades humanas dependen de la biodiversidad; pero en la que, muchas veces, puede generar impactos negativos”.

Uno de los aspectos destacados por Figueroa fue el importante trabajo de consulta a los pueblos originarios realizado en el marco del proyecto, con acuerdos que fueron vertidos en indicaciones específicas para la ley.

“Estos artículos firmados por la Presidenta fueron ingresados en junio y eso permite al proyecto incorporar , de forma transversal, elementos significativos de integración de las comunidades indígenas al diseño de los instrumentos y la implementación de la participación de las comunidades en distintos ámbitos que atiende este proyecto de ley”, contó.

Uno de estos elementos y que, dijo, era una demanda de los pueblos, es el reconocimiento de una categoría especial de tierras indígenas en territorios de conservación, como dominio propio de ellos.

“Lo otro es el reconocimiento, dentro de las áreas protegidas, de actividades ancestrales reconocidas históricamente, cuando no impacten negativamente los objetos de conservación de especies (…) van a ser respetadas para que las comunidades puedan seguir desarrollando sus actividades ancestrales, culturales, religiosas o de práctica, permitiendo que formen parte de esa gestión (de las áreas)”, señaló.

La actividad consideró las presentaciones de los puntos de vista de ambas facultades, representadas por Evelyn Habit y Mauricio Aguayo (Ciencias Ambientales) y Aníbal Pauchard y Rolando Rodríguez (Ciencias Forestales), por lo que concluyeron con una mesa redonda.