Un completo análisis de los aspectos que debiera considerar una eventual política pública de desalinización de agua de mar para enfrenar la escasez de agua en zonas mineras, entrega un estudio publicado en el Journal of Enviroment Manegement (Elsevier) que tiene como autores a investigadores del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (Chriam).

"At the crossroads: can desalinisation be a suitable public policy solution to address water scarcity in the Chile’s mining zones?" es el título del paper que es resultado de “un profundo diálogo transdisciplinario”, como destaca la abogada y académica de Derecho, Amaya Alvez, quien coordinó este trabajo, en el que también participaron integrantes del Instituto de Minería Sostenible-Centro de Excelencia (SMI).

“Fue un ejercicio muy interesante desde el punto de vista transdisciplinario, porque encontrar un diálogo e ideas comunes entre ingenieros, economistas, especialistas en hidrología, abogados, es un desafío”, expresó la académica, quien es parte del cluster Agua y Sociedad de Chriam.

La publicación —contó— surgió a partir de conversaciones en torno a los impactos de la megasequía que vive el país y a la idea de obligar eventualmente a las empresas mineras a usar la desalinización, estableciendo plantas, como recurso para obtener agua para sus procesos, como se esboza en algunas propuestas legislativas.

La Dra. Alvez afirma que para hablar de este tema es necesario analizar las razones por las que el país ha llegado a una crisis hídrica más allá de los efectos reconocidos del cambio climático y que eso implica reconocer responsabilidades que derivan del modelo de gobernanza del agua.

“Por un lado, tenemos una Constitución que establece una regulación basada en la propiedad individual privada y, por otro, un Código de Aguas que creó el modelo de mercado para las aguas y donde lo que se regula son los usos extractivos. Yo creo que ese modelo nos ha llevado también a la crisis actual. Por eso hay quienes dicen que el problema no es de disponibilidad (de agua), sino que de gobernanza”, señaló.

La preocupación de la Dra. Alvez es que este mismo modelo se aplique al uso de agua de mar. “El problema en Chile es que la adjudicación de derechos reales de aprovechamiento de agua no distingue los usos; necesitamos agua para consumo humano, pero evidentemente la empresa minera tiene más dinero para pagar por un derecho y cuando hay más interesados, ese derecho (el agua) se remata”.

“Podemos hablar del caso específico de Camarones, donde el estero Pupío se quedó sin agua porque una minera se la llevó toda para un tranque de relave”, agregó.

Desde 2011 se han presentado cinco proyectos de ley que abordan la desalinización, pero a juicio de la académica “son muy genéricos; no hay un tratamiento de las implicancias medioambientales y sociales que esto tendría; por eso creemos que desde las ciencias sociales debiera haber una reflexión más profunda (sobre estos alcances)”.

La abogada también acota que hay que considerar que el agua de mar tiene un tratamiento jurídico distinto a la continental, “(…) está regida por la Convención del Mar, donde el agua de mar no solo es considerada un bien nacional de uso público, sino que a partir de las 12 millas marinas es un bien común”.

“Si realmente consideramos el mar como un bien de uso público no lo podemos mercantilizar, sería un error pensar aplicar el mismo modelo de mercado, yo pienso que sería un error y que jurídicamente no tiene sustento”, indicó.

“El problema es que no nos hemos preocupado de regular toda la actividad de la desalinización”, señaló, aludiendo a la existencia de 18 plantas “que están procesando mucha agua”, que se han instalado en el país amparándose en “viejas normas que existen por defecto”.

La académica también ahonda en la discusión teórica en torno a la naturaleza jurídica del agua que resulta de la desalación: “Una vía es pensar que (lo que resulta) es agua de mar, menos algunos elementos; entonces rige plenamente el ordenamiento jurídico aplicable al mar; la otra es considerarlo como un nuevo producto y, en esa perspectiva, sería aplicable el Código de Aguas de 1981; tendríamos así un bien apropiable y comodificable que se podría vender”.

El paper entrega detalles sobre la distribución de los recursos hídricos del país, demanda y disponibilidad de agua por regiones, el estado actual de la desalinización en Chile, el problema del agua en la minería; aspectos tecnológicos, económicos, sociales y medioambientales vinculados a la desalinización, entre otros.

“Hay mucho por hacer, son muchos los factores que debieran ser considerados antes de hacer una política (de desalinización). No puede ser de cualquier manera. El agua de mar es una nueva fuente de agua, debe ser considerada, tiene que ser estudiada; pero no se puede imponer una obligación a nadie sin antes haber estudiado los efectos sociales, medioambientales y la naturaleza jurídica del agua desalinizada”, afirmó.

El texto tiene como autores a Amaya Alvez (Ciencias Jurídicas y Sociales), Fernando Concha (Ingeniería), Diego Rivera (Ingeniería Agrícola, Campus Chillán), del Chriam; Douglas Aitken y Neil McIntyre del SMI.

Artículo completo en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719317578?utm_...