Instituciones estatales y privadas en la construcción de la educación superior pública de calidad

Al analizar la naturaleza pública de los actores estatales y privados en la tarea de desarrollar la educación superior, cabe preguntarse si ser una institución estatal garantiza lo público, así como plantearse qué es lo que realmente asegura este carácter en una institución. Los servicios de interés públicos pueden ser realizados por instituciones estatales y privadas, por lo que un aspecto clave en la discusión general de educación superior, consiste en determinar cuáles son los requisitos que debe satisfacer una institución para ser considerada pública y cuáles son los mecanismos que permiten asegurar adecuadamente ese carácter.

Las circunstancias en que se fundó nuestra Universidad derivaron en que se constituyese como corporación de derecho privado, la que por voluntad de sus fundadores y de la comunidad, ha orientado sus acciones hacia el servicio público. La ausencia de un dueño particular, la naturaleza con ha ejercido su misión institucional y la organización que se ha dado para ello, hicieron que su carácter de institución pública fuese reconocido por la Contraloría General de la República. De acuerdo con ello, la Universidad de Concepción se define única y exclusivamente por sus acciones a lo largo de un siglo de existencia y no por la construcción de un relato interesado en torno a una reforma. A lo largo de su historia, se ha constituido en un proyecto único en el país, el cual debe ser valorado y respetado, tanto por su compromiso con el desarrollo regional y nacional, como por su carácter de universalidad que ha dotado a su labor académica regular.

La reforma del año 81 consagró la mercantilización de la educación, debilitando las instituciones universitarias existentes al forzarlas al autofinanciamiento. El sistema universitario actual, en lugar de promover la cooperación, promueve la competencia entre universidades lo que se evidencia, por ejemplo, en la búsqueda permanente de nuevos estudiantes para incrementar la matrícula de las instituciones. Esta práctica de competencia por fondos reducidos se ha extendido al ámbito de las actividades artísticas, culturales, de investigación, desarrollo e innovación, con lo cual se inhibe el crecimiento en ellas.

El análisis en torno a la Reforma Educacional de actores estatales y privados, debiese orientarse a cómo ésta permite formar profesionales de excelencia, personas cultas y comprometidas con la democracia y el desarrollo de su país, y no solo a intereses particulares ante eventuales beneficios. La gratuidad ha significado un avance sustantivo en el financiamiento de estudios superiores para estudiantes que provienen de ambientes más desfavorecidos. Sin embargo, esto no constituye un financiamiento estatal para todos los ámbitos del quehacer de las universidades públicas y, por tanto, queda aún camino por recorrer.

Carlos Saavedra Rubilar
Equipo Rectoría UdeC 2018

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