Uno de los puntos más controversiales que incluía el actual proyecto de Ley de educación superior que se tramita en el Congreso, era el relativo al párrafo 7 del Título III de la futura normativa, el cual dejaba en un mismo plano a corporaciones de derecho privado sin fines de lucro -como las universidades de Concepción, Austral y Federico Santa María, integrantes de la Red de universidades públicas no estatales G9-, con aquellas instituciones creadas después de 1981.

De haberse aprobado tal como estaba, ello habría obligado a las tres universidades ya mencionadas a cambiar parte de sus estatutos, sin que se les reconociera su rol histórico, su calidad, trayectoria y seriedad, además de la fuerte vinculación que tienen con sus respectivas comunidades.

De hecho, este fue uno de los temas que el Rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, expuso en septiembre pasado ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado, ocasión en la cual señaló que “estas disposiciones son altamente lesivas para estas universidades y les obligarían a cambiar su institucionalidad y forma de gobierno. No obstante, estas universidades ya tienen mecanismos de control y democracia interna y, sin lugar a dudas, no tienen fines de lucro y sus socios y directores no perciben remuneración alguna”.

Debido a los reparos de estas tres universidades y del G-9 ante el articulado, manifestado también al Ministerio de Educación, finalmente, el Poder Ejecutivo introdujo una indicación para que dichos artículos no afectaran a estas tres universidades. Cabe señalar, que esta indicación fue aprobada por la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

De este modo, se determinó especificar en el proyecto de Ley que “las normas establecidas en los artículos 63 a 70 no les serán aplicables a las Universidades Austral de Chile, a la Universidad de Concepción y a la Universidad Federico Santa María”, y por lo tanto, no serán tratadas igual que las instituciones creadas después de 1981.

Dicha votación es parte del segundo trámite legislativo de la reforma a la Educación Superior, que el Ejecutivo espera despachar antes del 31 de enero de este mes.

Hasta el momento ya se ha votado sobre temas como la Superintendencia de Educación y acreditaciones, mientras que para la próxima semana se espera que se debata sobre el Fondo Basal por Desempeño (dineros que las universidades públicas no estatales del Cruch reciben vía presupuesto) y respecto de los cuales la Red G9 ha pedido que queden establecidos por Ley, al igual como se hace con el Convenio Marco de las universidades del Estado.