En los últimos veinte años, en el ámbito de la justicia, se han realizado profundos cambios orientados a otorgar mayor celeridad a los procesos, aumentar la eficacia, la transparencia, la protección de los intereses de las personas y, por sobretodo, acercar la justicia a todas las personas. Estos comenzaron por el proceso penal y le han seguido la justicia de familia y la laboral. Recientemente, la justicia tributaria y aduanera también ha sufrido una transformación de gran magnitud. Sin embargo, hasta ahora el texto legal que sirve de norma común y supletoria de todos los otros procedimientos no había recibido la misma atención. Para ello el paso fundamental se dio en marzo de este año, con el ingreso al Congreso Nacional del Proyecto de ley que instituye un nuevo Código Procesal Civil, llamado a sustituir el actual cuerpo normativo, cuya vigencia data del año 1903 y cuyos orígenes se remontan mucho antes incluso.
Las estadísticas disponibles dan cuenta que el sistema de enjuiciamiento civil presenta altos niveles de retraso, un altísimo número de ingresos de causas que aumentan exponencialmente, especialmente con la presentación de demandas de cobro ejecutivo y preparaciones de la vía ejecutiva. Muchas de éstas no se tramitan pero, igualmente, contribuyen a la recarga del sistema.
La base de este sistema, que conocerá los conflictos civiles y comerciales, es el nuevo Código Procesal Civil, que vendrá a remplazar al actual Código de Procedimiento Civil, inspirado en una lógica de un sistema procesal antiguo, caracterizado por su escrituración, su excesiva formalidad y multiplicidad de procedimientos especiales.
La experiencia de los académicos de la UdeC
En este contexto, el Ministerio de Justicia convocó a un conjunto de académicos de distintas universidades, representantes del Poder Judicial e investigadores de Institutos, que conforman los paneles de expertos que abordarán las propuestas legales que se han considerado prioritarias y que acompañarán la Reforma Procesal Civil. De este modo, se decidió la conformación de tres Paneles de Expertos, cuya misión consistirá en colaborar en las bases para formular una propuesta formal en tres temas preponderantes para esta reforma: "Tasas Judiciales", "Modelo Orgánico de Oficial de Ejecución", y "Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos".
Para cada uno de estos paneles de expertos fueron convocados profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UdeC. Así, el panel encargado de "Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos", estará integrado por el profesor del Departamento de Derecho Laboral, Rodolfo Walter; en tanto que para el de las "Tasas Judiciales", fue invitado al profesor del Departamento de Derecho Económico, Jorge Montecinos, y en el dedicado al estudio del "Modelo Orgánico de Oficial de Ejecución" se integró el vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor Gonzalo Cortez.

[caption id="attachment_13905" align="alignright" width="180"] Rodolfo Walter[/caption]
Walter se refirió a los sistemas alternativos de resolución de conflictos, señalando que el panel de expertos se ha abocado al estudio de un “modelo orgánico para la incorporación de los sistemas alternativos para resolución de conflictos”. Se trata de englobar todos los mecanismos de resolución de los conflictos jurídicos. “El Panel ha estado abocado al análisis de datos discutiendo, además, algunos mecanismos como la negociación, mediación, conciliación, oyente neutral, experto neutral y arbitraje. Según el calendario de actividades se prevé que habrá reuniones de trabajo hasta el mes de enero del año 2013”, señaló.

[caption id="attachment_13906" align="alignleft" width="180"] Jorge Montecinos[/caption]
En cuanto a las tasas judiciales, Montecinos puntualizó que estas “forman parte del modelo global que está en análisis”. Añade que la comisión se ha abocado al estudio de cómo el derecho comparado ha recogido lo anterior, poniendo como ejemplo lo que ocurre en el derecho argentino. “Especial consideración se ha tenido al estudiar qué tipo de procedimientos son más frecuentes en los Tribunales civiles, concluyéndose que en general, las gestiones preparatorias y medidas prejudiciales, más los juicios ejecutivos, alcanzan cerca del 90% del ingreso de causas a nivel nacional”, indicó.

[caption id="attachment_13907" align="alignright" width="180"] Gonzalo Cortez[/caption]
Por su parte, respecto del modelo orgánico de Oficial de Ejecución, el profesor Cortez -quien además participó como miembro del Consejo Asesor para la reforma Procesal Civil- explicó que el proyecto innova de manera sustancial en materia de ejecución, aspirando a instaurar un sistema que cumpla efectivamente con una ejecución eficaz, mediante el establecimiento de un procedimiento ejecutivo idóneo y rápido para el cobro de los créditos consignados en títulos ejecutivos y que, al mismo tiempo, proteja y garantice los derechos de las partes.
“El proyecto opta por una descentralización de esta función, que permita descongestionar y descargar a los tribunales civiles de una labor que en gran parte no les es propia, sin que ello signifique en caso alguno una desprotección para las partes, cuyos derechos estarán permanentemente cautelados por la jurisdicción”, señaló. Con este objeto se crea la figura del Oficial de Ejecución, como profesional encargado de llevar adelante todas las actuaciones de apremio, incluido el embargo, pero sometido siempre a un control permanente del juez.
“Cada vez que exista oposición fundada a la ejecución o la interposición de tercerías, el procedimiento se judicializará, debiendo ser el tema resuelto por el juez competente. Sin embargo, hasta ahora no existe un estatuto orgánico que defina la naturaleza, facultades, prohibiciones y régimen disciplinario de este funcionario denominado oficial de ejecución”, explicó. Es la comisión que integra el abogado Cortez la que está a cargo de definir estos aspectos relacionados con esta pieza clave del nuevo proceso de ejecución.