La importancia de la institucionalidad pública como uno de los factores relevantes en la modernización del Estado fue uno de los aspectos abordados ayer por el director nacional  del Servicio Civil, Carlos Williamson, en una conferencia que ofreció en la UdeC, invitado por la carrera de Ciencias Políticas y el Comité de Extensión de la facultad de Ciencias Jurídicas y  Sociales.
De acuerdo a Williamson –que en virtud de su cargo, preside el Consejo de Alta Dirección Pública- la calidad del sector público es un elemento fundamental en la gestión de excelencia de un país y debe estar constituido “como un sistema cohesionado, armónico y coordinado, capaz de responder a la ciudadanía, con eficiencia, eficacia y efectividad”, dijo, afirmando que, en este contexto “la gestión de las personas es un aspecto fundamental”.
En esta perspectiva situó el trabajo del Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), creados en 2003 por un acuerdo político-legislativo entre el gobierno y oposición de la época –motivado, como dijo, por una crisis de confianza en el sistema público- a través  de la Ley 19.882, que incluyó además un nuevo trato funcionario.
La misión del Servicio Civil es fortalecer la capacidad de los servicios públicos en el desarrollo e implementación de políticas y prácticas de gestión de personas, para aumentar la productividad y la calidad de los bienes y servicios que requiere la ciudadanía. Dentro de sus funciones tiene la administración de  la ADP, que funciona a través de un Consejo, y que tiene por propósito profesionalizar los altos cargos del Estado.
Esto, como explicó el director, implicó incorporar el factor del mérito en una porción de los públicos de confianza del gobierno que, antes de la ley, “eran elegidos a dedo” y que se prestaban para “el pago de favores políticos”.
El sistema, contó Williamson, partió en 2004 con 417 cargos de primer y segundo nivel jerárquico –jefes de servicio y directores regionales, jefes de división o equivalentes-  que fueron adscritos al SDAP, llegando a 942 el año pasado.  Esto significa, como explicó,  que quienes aspiran a un cargo de responsabilidad en esos niveles deben pasar por un concurso para integrar – de acuerdo a un perfil preestablecido y en función de su mérito, experiencia e idoneidad- las nóminas desde la que la autoridad elige.
En la actualidad, los puestos de responsabilidad en el sistema público llegan a 4 mil; los primeros mil son de elección directa; los siguientes se otorgan por el SADP, mientras que los restantes están ocupados por funcionarios a contrata (57%) y de carrera (43%); y bajo ellos están los cerca de 200 mil empleados que constituyen el aparato público.
El director del Servicio Civil indicó que existen algunos cargos públicos no adscritos por ley al Sistema que utilizan el ADP como mecanismo de selección, como directores independientes de Codelco, integrantes del Consejo Nacional de Educación, jefes de educación municipal, entre otros, a los que recientemente se han incorporado directores de escuelas y liceos municipales.
En su intervención, también dio cuenta del proyecto de ley impulsado por el gobierno que busca perfeccionar la gestión pública y la ampliación de la Alta Administración Pública.