Ser contratado como académico o funcionario de manera indefinida en la Universidad de Concepción constituye una aspiración de muchas personas. Sus casi 100 años de historia y un posicionamiento a nivel nacional hacen de nuestra Universidad un lugar atractivo para trabajar. Además, su bello campus integrado a la ciudad de Concepción es comparable, como lo proyectó don Enrique Molina Garmendia, con las grandes universidades de Estados Unidos, donde la ciudad y su comunidad convergen en una interacción amable.

Somos alrededor de 1200 académicos y más de 3000 funcionarios de planta. Los 7 años de acreditación respaldan el hecho de que realizamos un gran trabajo, no exento de esfuerzos que quitan horas de descanso y de vida familiar. Todos conocemos esos momentos en que la responsabilidad y dar lo mejor de cada uno nos motivan a superar el compromiso contractual. El concepto Sobresaliente en la evaluación académica se alcanza, justamente, cuando se muestra esa cualidad profesional. Sin embargo, a pesar de este gran esfuerzo colectivo e individual, la escala de sueldos no es comparable con universidades de Santiago e, incluso, de regiones.

El concepto de estabilidad laboral es apreciado por todos y parece ser una condición suficiente para votar por un candidato a rector. De todas formas, se debe considerar que, aun cuando nuestros padres y abuelos conocieron un mundo donde la estabilidad laboral constituía un derecho adquirido, con el tiempo, conceptos como “flexibilidad laboral” han ido ganando terreno, incluso en nuestra casa de estudios. La planta “flotante” o “part-time”, compuesta por personas contratadas para realizar funciones específicas en un tiempo fijo, ha aumentado en las últimas décadas. Los contratos indefinidos son cada vez más valorados no necesariamente por la competencia que presupone un puesto en la tercera universidad del país, sino por las restricciones que hemos estado viviendo en el último tiempo. Por último, la aplicación del artículo 161 del Código del Trabajo se realiza de modo habitual para despedir académicos y funcionarios, basados en necesidades de la empresa y en procesos poco transparentes. Lo anterior, aunque legal, es legítimamente cuestionable.

Por ello, en el ejercicio del gobierno universitario nos comprometemos a no usar razones legales amparadas en el artículo 161 del Código del Trabajo, pues son prácticas que atentan contra los derechos de los trabajadores, infunden temor y dan pie al despido injustificado de funcionarios y académicos que pudieran estar en conflicto con las autoridades de sus departamentos y facultades. La independencia de la Contraloría y la figura del Defensor Universitario son también compromisos que apuntan a asegurar el debido proceso en una universidad que busca cultivar y promover “el desarrollo libre del espíritu”.

Carlos Saavedra Rubilar
Equipo Rectoría UdeC 2018
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