Con tranquilidad y satisfacción se tomó en la Universidad de Concepción la resolución de la Contraloría General de la República que declaró no ajustado a derecho el cierre anticipado de siete convenios de desempeño –conocidos como UCO-, dictaminado por el Ministerio de Educación a fines de 2015.

El Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, Alejandro Santa María, explicó que durante las vacaciones de verano de 2015, mientras la Universidad se encontraba cerrada, se efectuaron depósitos a plazo (entre el 29 de enero y el 2 de marzo), los recursos que no estaban siendo utilizados, provenientes de siete convenios de desempeño. Terminado ese período, tanto el capital como sus intereses fueron nuevamente depositados en los proyectos.

Santa María señaló que si bien en las bases de los proyectos se establecía que los montos asignados solo se podían utilizar para lo cual habían sido aprobados, la UdeC realizó dichos depósitos solo por el período de duración de las vacaciones, hecho que fue sancionado por el Ministerio de Educación con el cierre anticipado de todas las iniciativas UCO desde las que se retiraron recursos para depositarlos. “Nosotros argumentamos que en ningún caso se había puesto en riesgo los recursos, ni afectado el funcionamiento de los proyectos. Además, la UdeC en ese momento estaba cerrada, por lo que era nuestra obligación cautelar esos recursos. Además, habíamos aumentado la cantidad de dinero que tenía cada uno de ellos”, sostuvo.

Junto a lo anterior el vicerrector destacó que cada proyecto había sido ejecutado perfectamente sin ninguna alteración, “lo que quedaba demostrado porque el Ministerio había aprobado todas las rendiciones e informes que se habían hecho”. De esos siete proyectos, seis estaban prácticamente terminados y lograron cerrarse sin mayores dificultades y “esto significa que durante el período de cierre se hicieron los informes finales y los económicos, sin mayores dificultades”, indicó.

A este respecto, explicó también que “nos pareció que no se habían dado las condiciones que planteaba el Mineduc para justificar el cierre por lo que decidimos contratar una oficina de abogados, que apeló en primera instancia al Ministerio y, posteriormente, cuando éste insistió en dar término anticipado de los proyectos, recurrimos a la Contraloría General de la República”.

El fallo, recibido el 20 de octubre, señala que la decisión del Ministerio no se ajusta a derecho y que “en el fondo es ilegal, porque no se daban –tal como decíamos nosotros- las condiciones para que se cerraran y, en segundo lugar, no existía una proporcionalidad entre lo que habíamos hecho y la sanción que nos impusieron”, expresó Santa María.

El 14 de noviembre el Ministerio de Educación decidió no apelar de esta resolución, por lo que los próximos pasos, es esperar a que el Ministerio (que tiene 20 días para resolver esta situación) restituya los recursos que dejó de transferirle a la Universidad por el cierre anticipado. Lo anterior es de gran relevancia, en particular para el proyecto de Bioeconomía, el único que se vio afectado, y sobre el cual la Universidad tomó la decisión de sostenerlo con recursos propios para que se ejecutara por completo. “Ese proyecto tiene iniciativas muy relevantes, como la producción de celulosa a partir de aserrín de eucaliptus, o el aceite de las semillas de conos de pinos para producir inhibidores del apetito, entre muchos otros” agregó Santa María.

El Vicerrector destacó, del mismo modo, el camino que decidió llevar adelante la UdeC para su defensa ante una determinación a su juicio arbitraria: “hemos llegado a la convicción de que determinadas decisiones de los ministerios son asumidas como correctas porque vienen del aparato administrativo, y ahora entendemos que tenemos que utilizar todas las herramientas para restablecer nuestros derechos como lo hicimos ahora”, puntualizó.