Por Ximena Gauché Marchetti
Doctora en Derecho.
Coordinadora del Grupo Interdisciplinario de Investigación
en Derechos Humanos y Democracia Universidad de Concepción.
Directora del Programa Interdisciplinario sobre Protección
Integral de la Infancia y la Adolescencia.

El 24 de julio pasado se publicó la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, aspiración largamente sentida por una parte de la sociedad chilena. En otro ámbito –en apariencia no directamente ligado- en marzo de 2012 ingresó al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional que busca establecer normas de especial protección para los niños, así como la condena a toda forma de abandono y violencia; y hace sólo algunas semanas el gobierno anunciaba medidas para luchar contra los abusos sexuales a niños, tema que ha llenado de titulares la prensa nacional.
Lo anterior muestra que estaríamos en un momento en que habría conciencia en Chile en orden a terminar con las discriminaciones por diversidad sexual y, por otro lado, para proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda forma de violencia. Esta conciencia nacional serviría para pretender dar por cumplidos los mandatos de igualdad, no discriminación, y de protección integral de la infancia y la adolescencia, en cuanto estándares internacionales establecidos por tratados tan importantes comola Convenciónde Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, de los cuales Chile es parte.
Sin embargo, la realidad contrasta con estos avances formales y hemos sido testigos de ello no hace mucho, conociendo casos de afectación de los derechos de quienes son más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes con sexualidad diversa, situaciones donde se conjugan discriminación, sexualidad diversa, e infancia y adolescencia.
El martes 17 de julio, en la localidad de Santa Juana, un grupo de hombres agredió a una adolescente de 16 años, presumiblemente sólo por ser lesbiana y amar a otra joven del mismo sexo. Unos días antes de ello, se daban a conocer las agresiones y descalificaciones vividas por un joven transexual, por parte del director y un docente del establecimiento educacional al cual confió él y su familia su formación. Ella y él no son las únicas víctimas que sufren por su identidad sexual antes de haber llegado a la edad adulta. Para ellos no están bastando nuevas leyes o medidas.
El tema no sólo tiene que ver con el estándar internacional en temas de igualdad e infancia que obliga al país y que parece estamos cumpliendo institucionalmente, sino que va más allá y se entronca con el generalizado desconocimiento sobre la formación de la identidad sexual de una persona, anclado a su vez en la ausencia de un discurso sobre sexualidad, desde la perspectiva respetuosa de la diversidad de miradas, opiniones y situaciones.
Así, la sexualidad infantil resulta un tema casi desconocido en Chile y pocos se han detenido a pensar en los niños, niñas y adolescentes que sienten que su cuerpo no responde al nombre legal que les han dado, o en aquellos cuyos afectos van hacia alguien que es del mismo sexo.
Se necesita, entonces, una educación sexual integral, que mire más allá de la salud sexual y la reproducción, y que se conciba como un proceso continuo que comienza desde los primeros años, que debe estar desmarcado de discursos de pretensión universal, contextualizados en los estereotipos, el patriarcado y el pecado, y que debe “dar oportunidades para explorar los valores y actitudes propios y la construcción de la toma de decisiones y reducción de riesgos sobre muchos aspectos de la sexualidad”, tal como señala la Unesco.
Si esta educación existiera en Chile, buscando la compatibilidad con el derecho de los padres en materia de libertad de enseñanza, y considerando la autonomía progresiva de infantes y adolescentes en este ámbito de sus decisiones, sin ser discriminados y pudiendo ser escuchados debidamente, seguramente cada niño, niña o adolescente que se siente diverso lo podría manifestar abiertamente y requerir orientación, sin temor a ser agredido por ello, y los adultos podrán guiarlo, acogerlo y, sobre todo, respetar su derecho a crear, asumir y vivir su sexualidad distinta sin miedo a ser castigado o agredido.
No olvidemos que los actos de los adultos contribuyen en la formación del comportamiento de los pequeños y, en ese sentido, posturas intolerantes y violentas pueden ser consideradas como apropiadas y reproducidas por otros, también en plena formación, perpetuando así un contexto de discriminación y violencia.