Escrito por el Dr. Pablo Torres Vergara
Académico de la Facultad de Farmacia
Presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile A.G.
Delegación Regional Concepción

En abril del presente año, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera propuso una indicación a la Ley de Fármacos II que permite la venta de medicamentos en góndolas de supermercados, despertando así una polémica sobre un tema que no es historia nueva.

Desde su promulgación, la Ley de Fármacos ha buscado lograr que la comunidad tenga un acceso real a medicamentos de calidad y reducir la laxitud normativa del Estado en materias sanitarias y económicas. Previo a esto, una de las ideas que durante la década pasada rondaban en el Parlamento a la forma de proyectos de ley era precisamente la venta de medicamentos en supermercados. También, las grandes cadenas de farmacia hicieron todo lo necesario para dominar el mercado farmacéutico, intentando arremeter con iniciativas que aprovechaban las licencias reglamentarias del Código Sanitario. Una de ellas fue la eventual apertura indiscriminada de almacenes farmacéuticos. Esta acción motivó al Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos A.G. y las Universidades a través de sus académicos y estudiantes, a manifestarse enérgicamente en contra de esta práctica. En aquella ocasión, se hizo ver a los Parlamentarios que iniciativas como esta no propenden a asegurar un acceso real a los medicamentos y solo responden a intereses que perpetúan los vicios del modelo en pos de maximizar las utilidades de grupos de interés.

El sentido común hace pensar que la historia deja lecciones. Sin embargo, la realidad encendió nuevamente las alarmas ya que la Ley de Fármacos, en su afán por asegurar el acceso a los medicamentos y eliminar la participación de intermediarios que influencien la decisión de compra, indicó sobre la posibilidad de vender medicamentos de venta directa, conocidos como over-the-counter (OTC), en góndolas de farmacias. Esta indicación, presentada en la Ley de Fármacos I, evidenció una serie de limitaciones técnicas en cuanto a su implementación y generó cuestionamientos éticos al basarse en una percepción económica y no sanitaria del acceso a los medicamentos. No es la idea de esta columna desconocer el arduo trabajo realizado tanto a nivel parlamentario como en comisiones de trabajo para sacar adelante esta ley, que como todo instrumento legal, es perfectible. Sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado a través de estudios que la venta libre de medicamentos OTC no mejora el acceso, no disminuye los precios, no asegura cobertura geográfica y puede aumentar en los pacientes que los utilizan, el riesgo de sufrir efectos adversos producto de su uso indiscriminado, especialmente en el caso de antiinflamatorios no esteroidales como el ibuprofeno y paracetamol. Además, la forma como esta medida se ha presentado en los medios de comunicación confunde a la opinión pública con una idea errada sobre el acceso a los medicamentos, ya que no se consideran aquellos productos farmacéuticos de prescripción destinados al tratamiento de enfermedades crónicas que sólo pueden ser dispensados mediante una receta médica extendida en los formatos permitidos por la ley.

El Estado, a través de sus instituciones públicas, la evolución de su marco legislativo, las farmacias populares e independientes, entre otras instancias, tiene herramientas para el desarrollo de políticas sólidas que aseguren un acceso real a los medicamentos, sin depender totalmente del retail para suplir esta necesidad. Si los argumentos esgrimidos para justificar la venta de medicamentos en supermercados se definen por las opiniones de expertos que hablan en publicaciones respecto al lobby que los Químicos Farmacéuticos ejercemos para defender nuestras rentas, desconociendo el quehacer y las atribuciones legales de esta profesión, resulta perentorio dejar en claro el valor del medicamento como un bien social que sólo demostrará sus virtudes cuando sea utilizado correctamente. Por ello, ante la pertinaz postura de quienes interpretan este sensible tema como un asunto unidimensional de precios y utilidades, es necesario que los profesionales de la Salud, sus Colegios Profesionales, Asociaciones Gremiales y Universidades, generen instancias de análisis y discusión para consolidar criterios que sean recogidos por las autoridades de salud y del mismo modo informen oportunamente a la comunidad.