Como parte del programa de actividades preparadas por la Facultad de Ciencias Ambientales, en el marco de su inauguración, el viernes se llevó a cabo la mesa redonda destinada a analizar, en una perspectiva crítica, la Ley de Bases del Medioambiente, a veinte años de su promulgación.
La actividad contó con la participación de quien fuera el primer director ejecutivo de la Comisión Nacional del Medioambiente (Conama), José Goñi; el ex director de Conama Bío Bío, Bolívar Ruiz, y el ex director del Centro Eula y Profesor Emérito UdeC, Oscar Parra, quienes compartieron sus puntos de vista con investigadores, académicos y estudiantes de la nueva Facultad.
En la oportunidad, el economista José Goñi afirmó que en estas dos décadas “ha habido avances (en materia medioambiental), aunque claramente insuficientes, pero hay que recordar que el contexto que vivíamos en 1994, año en que se discute y redacta, era muy particular”.
Así, señaló que uno de los principales argumentos que se esgrimía en los años 80 para incentivar la inversión extranjera era “la ausencia de regulaciones ambientales”, lo que –dijo- era promovido en los folletos oficiales del gobierno de la época. Agregó que, por otro lado, la Ley fue discutida por un parlamento que no estaba de acuerdo en legislar sobre la materia, porque la mayoría de sus integrantes “eran del tipo de personas que pensaba que el mercado debía regularlo todo; por lo tanto, estas regulaciones iban en contra de principios fundamentales que ellos creían debían regir la economía nacional”.
Goñi indicó que la Ley dio vida a la primera institucionalidad medioambiental del país, creando asimismo metodologías, estándares y puntos de referencia para establecer niveles de contaminación, a la vez que, de alguna forma, contribuyó a la creación de una “cierta conciencia ambiental” en Chile que –en su opinión- aún está retrasada en relación a países desarrollados, pero que es necesario acrecentar en el contexto de lo que él considera “un nuevo ciclo” de la historia de Chile. “Y este nuevo ciclo tiene que fundamentarse de manera fuerte y categórica en una economía sustentable. Cualquier otra afirmación es errónea o impropia”, aseveró.
Por su parte, el ex director de Conama Bío Bío, Bolívar Ruiz, se refirió a la existencia de “mundos paralelos” que, a veces, dificultan la correcta aplicación de las regulaciones, como ocurre en el ámbito de los recursos hídricos. “Por ejemplo, el derecho de agua no es un permiso ambiental sectorial dentro de la evaluación ambiental de los proyectos; o sea en la evaluación ambiental, el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), el servicio que sea o el ciudadano que sea no puede hacer nada frente a al discusión de un derecho de agua ya constituido porque es otro marco legal, es un marco legal paralelo y eso hay que aceptarlo. Es un gran un desafío técnico y político”, dijo.
Al igual que Goñi y Ruiz, el ex director del Centro Eula, Oscar Parra, se refirió, entre otras cosas, a la necesidad de fortalecer “el nivel cultural ecológico” para lograr un mayor desarrollo desde el punto de vista medioambiental, un campo que – en su opinión- constituye un reto para la Universidad. “Como Universidad debiéramos incluir en las currículos de las distintas carreras un módulo ambiental. El problema ambiental toca todos las profesionales: el sector salud, la economía, la parte ingenieril yeso debiéramos resolverlo como universidad”.
Otro aspecto que, a su juicio, influye en las debilidades que muestra la institucionalidad ambiental chilena, es el modelo político económico, “donde el Estado tiene un rol muy pequeño en todos los ámbitos y, especialmente, en la parte ambiental. Si nos comparamos con países desarrollados que también tienen un modelo económico donde el mercado juega un importante rol, el Estado es muy fuerte en cuanto a lo que significa la gestión ambiental. Es el caso de Estados Unidos, donde todos los organismos con potestad ambiental pertenecen al Ministerio del interior, que es el Ministerio que se lleva gran parte lleva del peso de la gestión del país”, señaló.
También se refirió a las falencias en cuanto al conocimiento de base de los recursos ambientales que posee el país y las necesidades de investigación en la materia. “No se puede hacer gestión ambiental en la parte pública ni privada sin información científica, por lo tanto la relación investigación/gestión es muy débil y todos los problemas, incluida la judicialización de los proyectos, tienen esa base”, puntualizó.
Para el investigador, Chile aún debe mejorar en muchos aspectos para alcanzar una nueva etapa de desarrollo en materia medioambiental “y eso implica, y yo tengo la esperanza, una nueva constitución que de alguna manera pudiera elevar el rol del estado que va a ser muy importante para la gestión ambiental”, puntualizó.