Cerca de treinta testimonios recibió la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo ayer en Concepción en una visita in loco para conocer situaciones de violaciones a los derechos humanos registradas a partir de las manifestaciones iniciadas a partir de octubre del año pasado.

La delegación, integrada por las comisionadas Flavia Piovesan y Julissa Montilla y los abogados Miguel Mesquita, Elsy Curihuinca y Marta Tavares, eligió la UdeC para concretar el encuentro con la asistencia de más de doscientos representantes de la sociedad civil.

Apremios ilegítimos por parte de agentes del Estado, torturas, encarcelamientos sin pruebas, amedrentamiento y persecución selectiva a dirigentes sociales y estudiantiles, levantamiento de cargos falsos, declaraciones obtenidas mediante coacción, abusos sexuales, violaciones, negligencia en la atención médica de heridos en protesta, aplicación indiscriminada de la prisión preventiva a manifestantes, desapariciones, denegación de defensa jurídica y mutilaciones oculares, fueron parte de las varias formas de vulneraciones a los derechos humanos expuestas en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió con las declaraciones del padre de Manuel Rebolledo Navarrete, el joven de 22 años que murió tras ser atropellado por una patrulla militar en octubre del año pasado.

Tras dos horas de exposiciones, la comisionada Julissa Montilla, relatora de la Infancia, cerró el encuentro valorando la confianza expresada por las personas que entregaron su testimonio.

“Cada historia nos ha conmovido; se escuchaba, más allá de los hechos, mucha esperanza. Entendemos las dificultades, las expectativas, la frustración cuando dicen que no se ha hecho nada (en el país). Esta semana hemos estado en Santiago, Temuco, Ercilla, Arica y nuestro trabajo, más allá de las denuncias y de la información concreta de casos individuales, es el monitoreo de la violación de derechos humanos”, señaló.

“Creo que es una fecha histórica para la vitalidad, la fortaleza, la valentía de todas y todas que, con su dolor, han entregado graves denuncias de violaciones a los derechos humanos (…). Estamos aquí desde nuestro mandato de los estados para coadyuvar en el fortalecimiento de la causa que nos une: los derechos humanos y la democracia en los países de la Región. No los vamos a abandonar”, manifestó la comisionada Flavia Piovesan.

La visita in loco es uno de los métodos de utiliza la CIDH y otros organismos internacionales, para el monitoreo del estado de los derechos humanos en distintas coyunturas, y para su realización se requiere de la anuencia del Estado, explicó la abogada Marta Tavares.

“(Esta visita) es la evidencia madre, es lo que va a ilustrar una situación contextual en terreno, porque nosotros recibimos reportes sobre patrones, pero escuchar a las víctimas es darle una cara a ese patrón; es la oportunidad de ver con rostros las alegadas violaciones de derechos humanos que se reportan a la Comisión”, agregó.

La delegación solicitó expresamente a la UdeC ser sede del encuentro programado para Región, reunión que fue coordinada por la académica de Derecho, Dra. Ximena Gauché Marchetti.

La académica destacó la alta convocatoria que tuvo la actividad, señalando que “esto muestra que hay mucho interés en la contingencia y sobre todo que la sociedad civil, las personas, los ciudadanos y ciudadanas quieren ser escuchados y escuchadas”.

También se refirió a la importancia que tiene para la UdeC haber sido convocada para colaborar con la Comisión. “De alguna manera refleja y nos ayuda a cumplir el rol de vinculación social que estamos llamados a cumplir en una universidad de vocación pública como lo es la Universidad de Concepción”.

En la oportunidad, también se conocieron relatos de estudiantes y docentes que han trabajado en la Oficina de Apoyo Ciudadano y de la Unidad de Salud Mental, inicaitivas lideradas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

La académica Amaya Álvez Marin denunció obstáculos a la labor de abogados de Derechos Humanos durante las manifestaciones y a la defensa jurídica de las personas, detallando prácticas como la negativa de la fuerza pública a entregar registros de detenciones e información sobre personas detenidas.

“Lo otro que hemos visto con preocupación es la negativa a recibir denuncias por delitos cometidos por policías y militares, y amedrentamientos en centros de salud, donde se obliga a las personas a prometer que no van a denunciar en situaciones de grave vulneración (a sus derechos) cuando están heridas, lesionadas”, expuso.

La Comisión dará sus primeras impresiones de la visita esta jornada, para elaborar un informe preliminar que se dará a conocer en febrero, y, finalmente, redactar un “informe de país” con estándares y recomendaciones al Estado.

Si bien las visitas al país terminaban hoy, los delegados comentaron que continuarán recibiendo información en el email cidhmonitoreo@oas.org.