El grupo de Políticas Públicas de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas, se reunió en la UdeC para analizar cuánto de responsabilidad tiene el diseño actual de las políticas públicas en Chile en el movimiento social y cuáles son los caminos para cambiarlas a la luz de una nueva constitución.

El grupo fue invitado por el Departamentos de Administración Pública y Ciencia Política y por el Magíster en Política y Gobierno. Se reunieron Antoine Maillet, investigador del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, Cecilia Osorio, de la Universidad Alberto Hurtado, María Pía Martin, directora del Magíster en Gestión y Política Pública de la U. Chile, y Jaime Contreras, académico del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la UdeC. Los comentarios estuvieron a cargo de María Inés Picazo, directora de Vinculación Social UdeC.

Aun cuando la cita estaba programada desde antes del estallido social, los organizadores decidieron continuar con el programa y modificar sus temas, para abordar de qué manera las políticas públicas han moldeado la forma en que el Estado se relaciona con sus ciudadanos.

Antoine Maillet señaló que en Chile la elaboración de políticas públicas ha sido muy elitista. Esto ha incorporado un componente técnico elevado a su fabricación, pero ha dejado fuera el componente de la experiencia. Por lo mismo, estas políticas tienen “un nivel elevado de expertise. Necesitamos otras visiones para tener políticas públicas más diversas para que se hagan cargo de la experiencia cotidiana de vivir en Chile”.

El académico aseguró que los antecedentes de este movimiento social pueden rastrearse en otros recientes, como los de los estudiantes en 2006 y 2011 o los conflictos socioambientales, pero también en esta forma tecnocrática de elaborar las políticas públicas.

Para María Pía Martin, el problema que se plantea hoy a los administradores públicos es cómo ajustarse a una nueva constitución y las exigencias ciudadanas de una mayor incidencia en la política. “Estamos en una discusión sobre qué tipo de Estado queremos, y es también sobre qué tipo de políticas públicas necesitamos”. Lo que hoy está en cuestión, explicó, es la constitución “que tiene en su seno un modelo de desarrollo económico neoliberal con estado subsidiario, y un modelo político con pocos mecanismos de participación de la ciudadanía. Creo que eso explica en parte que los chilenos, cada vez que tenemos demandas, las generamos en la calle, porque no tenemos canales institucionales de participación”.

Respecto a los mecanismos para la elaboración de políticas, el académico Jaime Contreras señaló que las movilizaciones han sido un llamado de atención para todos quienes trabajan en el área. En específico, su exposición versó acerca de la necesidad de pasar de un sistema de focalización —es decir, instrumentos que discriminan con certeza quién recibe o no un beneficio social— a otro en el que la universalidad sea el principio.

Respecto al desafío de cambiar la constitución, aseguró que “La administración pública está en jaque, en el sentido de como la institucionalidad va a evolucionar frente a los grandes principios que nos va a plantear la ciudadanía. La modificación a la constitución significa repensar el modelo de Estado y eso quizás sea avanzar hacia el parlamentarismo, modelo unicameral o democracia directa y esos son cuestionamientos de fondo”.