Ha sido una petición en la calle, en los diálogos ciudadanos y en las protestas de estas últimas semanas: contar con una nueva constitución que supere la carta fundamental de 1980 gestada en dictadura. Tras varios días de negociaciones en el Congreso, parlamentarios de todos los sectores políticos dieron un primer paso para poner fin al texto actual y comenzar un camino de cara a una inédita creación en democracia.

“Lo que aconteció es un acuerdo histórico, porque se ha fijado una hoja de ruta para tener una nueva constitución. Es, probablemente, la primera vez en Chile que tenemos la posibilidad de que se establezca una nueva constitución con la participación, en cualquiera de las fórmulas, de la ciudadanía”, comenta el Dr. Fabián Huepe Artigas, director del Departamento de Derecho Público UdeC, haciendo hincapié en que bajo cualquier mecanismo, de una u otra forma, la próxima constitución chilena tendrá un componente de participación ciudadana.

En efecto, el acuerdo de doce puntos conocido la madrugada de este viernes 15 de noviembre, señala que en abril de 2020 se celebrará un plebiscito, donde se consultará si se aprueba o rechaza la idea de una nueva constitución y cuál es el órgano indicado para redactarla: una Convención Mixta Constitucional o una Convención Constitucional.

La primera —mixta— estaría formada en partes iguales por miembros electos y parlamentarios; la segunda, se compondría en su totalidad de personas elegidas solo para ese fin.

Acto seguido, ya despejada la afirmación en torno a una nueva Carta Magna y su metodología, en octubre de 2020 se procedería a elegir a los miembros de la convención, sumando una papeleta en las elecciones municipales y regionales.

Para la Dra. Jeanne Simon Rodgers, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política UdeC, la pregunta sobre el tipo de organismo es clave y, como tal, requiere de un buen debate político. “Seguramente, en los próximos días habrá presión para asegurar la inclusión de representantes de distintos movimientos, lo que es positivo, porque se van integrando a la política formal”.

Asimismo, aunque el texto de avenimiento no explicite el término asamblea constituyente, la académica subraya que la convención es una construcción similar, con elección directa de sus miembros. “(La Convención Constituyente) no buscará la representación de distintos estamentos sociales, sino de tendencias políticas. En contraste, la Convención Mixta Constitucional incorporaría a parlamentarios en ejercicio, reduciendo la representatividad ciudadana”, acota.

Dudas por los 2/3
Sea convención mixta o no, se determinó que este órgano se dedicará exclusivamente a la deliberación constitucional, siguiendo los demás poderes del Estado a cargo de la marcha del país. Además, los miembros de la convención no podrán postularse a cargos de representación por un año y el cuórum de aprobación de las normas que se discutan será de 2/3.

Dicha aseveración ha sido objeto de cuestionamientos e interrogantes, dado el alto volumen de votos que supone alcanzar un 66% en cada deliberación. Al respecto, el Dr. Huepe explica que, si la convención no aprueba una norma por los dos tercios necesarios, dicho aspecto quedará entregado a la regulación legal, es decir, trámite en el Congreso, "lo que implica que pase a ser cuestión propia a una mayoría circunstancial, menor a los 2/3".

"Esto trae consigo un riesgo para las fuerzas políticas y, asimismo, se transforma en una motivación para generar mayorías dentro de la convención”, agrega.

En términos prácticos, el abogado cree que la incertidumbre que ocasionaría en los distintos sectores no alcanzar los 2/3 de los delegados constituyentes, es un incentivo para lograr consensos. Ello, más aún si se suma el hecho de la denominada hoja en blanco. "Cada materia va a requerir una amplia mayoría para ser aprobada, de manera de que, si no se logra aprobar, no queda rigiendo la constitución del 80, sino que la institución sencillamente no queda regulada, pasando a ser objeto de regulación legal".

Tras su elaboración, el texto será sometido a un plebiscito con sufragio universal obligatorio. El plazo de funcionamiento de la convención será de hasta 12 meses, mientras que el plebiscito de salida se realizaría sesenta días tras la entrega del documento.

Un primer paso
Actores del mundo social y político remarcan que este es recién el comienzo del foro abierto constitucional. Algunos han criticado que el acuerdo haya tenido lugar en el Congreso, sin considerar a la ciudadanía. La Dra. Simon afirma a ese respecto que los partidos y, especialmente, las organizaciones sociales, esperaban más. “Los partidos que se bajaron del acuerdo quieren asegurar que la constitución se defina con mayor inclusividad y participación de los grupos que se han estado manifestando y sienten que el acuerdo busca excluirlos”.

Otra controversia guarda relación con el carácter de la constitución: se espera un debate sobre si el texto debe incluir todos los temas o ser más bien minimalista. Fabián Huepe expresa que “la constitución no está llamada a regular en detalle todas las instituciones, en principio debiera normar elementos generales, porque está llamada a tener una permanencia mayor en el tiempo; a ser la casa común de todos”.

J.V/J.C./K.P.