Aunque reconoce que el proyecto de ley de aborto en tres causales constituye una medida importante, la abogada de Corporación Humanas y coordinadora del Observatorio Parlamentario, Camila Maturana, afirmó que la iniciativa “de ninguna manera reemplaza la necesidad de avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Chile ni sustituye el debate sobre el derecho a decidir”.

“Lamentablemente, lo que hemos visto es que, en lugar de ser mejorado, el proyecto ha sido progresivamente cercenado en el debate parlamentario”, dijo la profesional en un seminario realizado junto al Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Democracia de la UdeC (Gidhd), para difundir los avances en la tramitación de la iniciativa.

El proyecto ingresó esta semana a la Comisión de Hacienda y en las próximas semanas debiera pasar a la Sala para terminar su tramitación legislativa; pero, de acuerdo a la abogada, hay que sumar una nueva etapa en el Tribunal Constitucional, propiciada por parlamentarios de los sectores más conservadores.

“Es una estrategia política que la derecha ha venido usando cuando no comparte la mayoría popular que se expresa en el parlamento (…)”, señaló.

Para Camila Maturana, los principales problemas de la ley, “debido a las negociaciones políticas tendientes a avanzar en su tramitación”, tienen que ver con los cambios en relación a las menores y la objeción de conciencia.

“Las niñas no están suficientemente protegidas en esta legislación. Como Corporación y otras organizaciones de mujeres, de derechos humanos y feministas, muchas de las cuales defendemos el derecho a decidir, lamentamos la indolencia de los senadores respecto de lo que significa para las niñas y adolescentes ser víctima de violencia sexual”, sentenció al aludir a los plazos en que se permite el aborto para las menores.

En relación a la objeción de conciencia, expresó que la regulación “da un lugar demasiado preponderante a las creencias religiosas y morales no solo de los médicos, sino también del resto del equipo que participa del pabellón”, lo que -en su opinión- se traduce en un inadecuado resguardo de los derechos y salud de las mujeres.

En la oportunidad, la Directora del Gidhd, Dra. Ximena Gauché, entregó el contexto para la discusión del tema, con una exposición acerca de los estándares internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos que, afirmó, hace tiempo son considerados como derechos humanos.

La académica señaló que en el caso de los derechos reproductivos, “que tienen que ver con decidir cómo, cuándo y con quién tener hijos, hay un impacto diferenciado en las mujeres, que los estados deberían tratar de moderar por medio de disposiciones y políticas públicas”.

Chile, recordó la Dra. Gauché, es uno de los cuatro países que todavía penaliza la interrupción del embarazo en todo tipo de circunstancias, mientras que la generalidad de las naciones lo han regulado por causas o plazos.

“En ese sentido, creemos que es es importante que Chile se ponga al día en estos estandartes, que tienen que ver con compromisos que ha hecho en otras materias de derechos humanos. Desde 1990, nuestro país está comprometido en su política exterior con el respeto al derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos; entonces, de alguna manera, apelando a esa consecuencia uno entendería que este proyecto pudiese ver la luz respetando todos los temas que están involucrados, como son la situación de una mujer o una niña víctima de una violación, o lo que pasa con la objeción de conciencia”, indicó.

El seminario también contó con la participación de la representante de la Vocalía de Género y Sexualidad de la Federación de Estudiantes de la UdeC, María Fernanda Rojas, quien presentó su visión sobre el proyecto de ley.