Indice de Artículos :
LA PRIORIDAD DEL CRECIMIENTO ECONOMICO Octubre/1996
INVERTIR MAS Y MEJOR EN LA ENSEÑANZA MEDIA Noviembre/1996
NOS ESTAMOS ATRASANDO AL ENFRENTAR LA PROBLEMATICA AMBIENTAL Diciembre/1996
NIVEL DE REMUNERACIONES Y EXTENSION DE JORNADA EDUCACIONAL Enero/1997
MITOS EN TORNO A LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Febrero/1997
EL ORIGEN DE LAS DESIGUALDADES REGIONALES Marzo/1997
EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y LA INTERVENCION DEL GOBIERNO.Abril/1997
LA CONSIDERACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LA DECISIONES DE INVERSION FRENA EL DESARROLLO ECONOMICO.Mayo/1997
PROYECTOS Y CRECIMIENTO ECONOMICO Junio/1997
EL COSTO DE OPORTUNIDAD DEBE SER CONOCIDO  Julio/1997
ASI NO SE PUEDE CRECER Agosto/1997
EL PODER DE LOS INCENTIVOS ECONOMICOS Septiembre/1997
SOBERANIA DEL CONSUMIDOR O DEL PRODUCTOR? Octubre/1997
EL COMERCIO AMBULANTE ILEGAL Noviembre/1997
ÉXITO ECONOMICO Y CRISIS Enero/1998
EXTREMISMO: AMBIENTALISTAS VERSUS ECONOMICISTAS Marzo/1998
¿CAMBIOS EN LA CANASTA  PARA MEDIR EL IPC? Abril/1998
LA CUMBRE Y LA INVERSION EN CAPITAL HUMANO Mayo/1998
COMO NOS AFECTARA LA CRISIS ASIATICA Julio/1998

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Me voy a referir a la importancia de invertir en capital humano, especialmente en educación, como mecanismo para incrementar el crecimiento económico y el bienestar social. Particularmente, a la conveniencia de aumentar la cobertura y los años, que en promedio, los jóvenes se mantienen en el sistema educacional regular fomentando la enseñanza media.
La base de este comentario radica en las siguientes consideraciones: En primer lugar, las conclusiones de la 50ª, quincuagésima, reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del Banco Mundial realizada en Octubre del año pasado, en la que se planteó que "... si no se mejora la inversión en los sistemas educativos las perspectivas de desarrollo económico en el mediano y largo plazo se verían limitadas". Sobre la importancia de la educación como componente del desarrollo económico y social, el Banco Mundial menciona la experiencia de los denominados "Tigres Asiáticos", Hong-Kong, Taiwan, Corea y Singapur, cuyo milagro económico se explicaría por una apreciable inversión pública y privada en Educación desde hace tres décadas.
Por otra parte, este comentario, el énfasis en la educación como mecanismo de desarrollo económico, no es nuevo. Es un hecho que desde los años 60, en que se comenzó a priorizar la idea de inversión en capital humano, se ha desarrollado la idea de que la forma mas eficiente para atacar la extrema pobreza es la educación, especialmente por su carácter multiplicativo. Y esto se aprecia en las prioridades nacionales a la luz de la discusión del proyecto de presupuesto para 1997, en el que existe un importante aumento en el destino de recursos para el sector.
En segundo lugar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que calcula un Indice de Desarrollo Humano, el cual considera solo tres variables para su determinación: estas son esperanza de vida al nacer, logro educacional y Producto Interno Bruto. Este programa que incluía por el ámbito educacional solo cifras sobre alfabetismo, para medir el logro educacional, bajo el supuesto de que la educación es clave para acceder a los beneficios del progreso decidió incorporar, a partir del año 92, una medida de años de escolaridad promedio para medir los niveles de educación alcanzados por una población determinada, bajo el supuesto de que mientras mayor es el nivel de escolaridad alcanzado mayores son las probabilidades de escapar del circulo de la pobreza.
Por último, en un reciente documento de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se establece para quienes alcanzan mas de 11 o 12 años de estudio, que las probabilidades de salir, o no caer, en la pobreza aumentan a mas del 90% en América Latina. Si es cierto que el mayor nivel de escolaridad aumenta las posibilidades de salir de la pobreza, tal como lo demuestra el estudio, se debe invertir mas y mejor en la enseñanza media mejorando las condiciones de equidad, accesibilidad y calidad educativas.
El principal beneficio de una educación media completa es el posterior acceso a ocupaciones mas productivas y de mayores ingresos. Esto aumenta las probabilidades de salir del circulo de la pobreza y no volver a él, tanto para las generaciones presentes como para las futuras en la medida de que los padres aspiran para sus hijos metas superiores o a lo sumo iguales a las que ellos alcanzaron. Adicionalmente, se logra un ahorro económico importante, al suprimir los esfuerzos necesarios para completar o compensar el déficit educacional de las personas en etapas posteriores del ciclo de vida, que tienen costos económicos y sociales superiores a los costos regulares de la enseñanza media.
En síntesis, mas años de estudio aumentan las probabilidades de salir de la pobreza, aumentan la contribución de cada trabajador al crecimiento económico, aumentan los niveles educacionales esperados de las generaciones futuras y significan un ahorro con respecto a complementar o completar la educación en la etapa adulta posterior.
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Nuestro país comenzó relativamente tarde a considerar la problemática ambiental en sus decisiones de Inversión, y no ha avanzado muy rápido para ponerse al día en estas materias. Solo en esta década, a partir de 1991 se incorporaron explícitamente exigencias ambientales a los proyectos que utilizaban fondos públicos y que debían, por lo tanto, ser sometidos a la aprobación de Mideplan. Tal como se puede observar en el "Procedimiento y Formularios para el Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión. Proceso Presupuestario 1993" donde en la página 1 de la presentación se señala: "Tal como el año anterior, deberán considerarse los posibles impactos ambientales, tanto positivos como negativos , que puedan generar los programas que postulan a financiamiento".
En Junio de 1990 se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el objeto diseñar y poner en marcha diversos mecanismos e instrumentos de gestión ambiental. Casi cuatro años mas tarde, en Marzo de 1994, se aprobó la Ley Marco que define que proyectos deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, quienes participan en esta evaluación y que procedimientos se deberían seguir, sin embargo, ya a fines de 1996 el carácter de aplicación de este sistema sigue siendo voluntario porque el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, requisito para que opere efectivamente la Ley, se encuentra empantanado por algunas diferencias de interpretación entre CONAMA, organismo que debe velar por la coordinación de este sistema, y por lo tanto proponer el reglamento, y la Contraloria General de la República que en definitiva debe aprobarlo. Resulta preocupante que un documento que fue discutido en las diversas instancias legislativas correspondientes, Cámara de Diputados y de Senadores, y aprobado a estos niveles este entrabado en su última etapa dificultando de esta manera la efectiva aplicación de la legislación.
Para un país que se ha caracterizado por una evolución económica positiva durante los últimos doce años, evolución que a sido reconocida como "Milagro Económico" por la opinión internacional, constituye un riesgo innecesario no conocer las disposiciones definitivas por las que se regirá el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la participación de la comunidad en su procedimiento. Es un problema que se este demorando tanto la posibilidad de aplicación de una legislación que establezca claramente un marco de gestión ambiental que permita enfrentar adecuadamente las decisiones en pro del desarrollo considerando su impacto en relación con el medio ambiente. Resulta riesgoso que la consideración del impacto ambiental de un proyecto o acción económica del hombre quede supeditada a la iniciativa privada, a la presión de los países desarrollados por exigencias ambientales cada vez mas estrictas, presión que es efectiva solo en la medida que afecta intereses económicos y que los agentes económicos aceptan solo hasta el límite exigido por sus clientes internacionales.
Es importante que el procedimiento que conduzca a la aprobación definitiva del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se acelere. La consideración del impacto ambiental de las decisiones de inversión no debe estar sujeto solo a la decisión voluntaria de los inversionistas que respondan a presiones externas en la mayor parte de los casos y a las presiones de algunos grupos ambientalistas o de ciudadanos organizados que han descubierto que un determinado proyecto genera externalidades negativas que los afectan, mientras el resto de la comunidad observa como simple espectador lo que ocurre con la decisión.
Sin el ánimo de exagerar se puede afirmar que el no tener la legislación operativa, no se puede asegurar el cumplimiento de la política ambiental del país. Política ambiental que se refiere a un conjunto de definiciones, acciones y decisiones adoptadas en función de la conservación, restauración y mejoramiento ambiental con el ánimo de lograr un desarrollo sustentable. Y , en cuya implementación, deben participar todos los actores sociales de una comunidad dada, particularmente las autoridades civiles y de gobierno que condicionan de algún modo el comportamiento de las personas, las empresas y las propias reparticiones públicas en lo referente al uso, manejo y conservación de los recursos naturales y a la acción de los servicios ambientales de que disponga la sociedad.
Y aunque la creciente preocupación por materias de contaminación ambiental, degradación de recursos naturales y consecuentes impactos en la calidad de vida se han visto reflejados a diario en los medios de comunicación nacional, la demora en la implementación de la ley dificulta la participación eficiente de los diferentes organismos públicos y privados tanto a nivel nacional como regional, dejando espacio para posiciones extremas que pueden entorpecer en definitiva el cumplimiento de los objetivos conducentes a mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.
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A través de la prensa se ha tomado conocimiento de importantes discrepancias, entre miembros de la concertación y de la oposición en el congreso, con respecto al proyecto de ley que daría origen al régimen de jornada escolar completa. Y aunque ambos bandos están de acuerdo en que la idea es buena se le anticipa un futuro difícil en el Senado. Hace un poco tiempo los profesores tuvieron paralizado el sector educacional por un conflicto antiguo, recurrente, que cada vez que se presenta genera el apoyo de la mayor parte de la opinión pública. Se trata de la huelga de los profesores y sus manifestaciones para lograr mejoramiento de remuneraciones.
Esta permanente demanda por mejoramiento de las rentas del profesorado (el bajo nivel de ingresos de los profesores es un consenso nacional) se asocia necesariamente al problema de la calidad de la educación y con todas las iniciativas de la autoridad tendientes a superar este problema. El mejoramiento del sistema educacional chileno es uno de los objetivos prioritarios declarados por el gobierno, y en este contexto, con el trascendente y fundamental proyecto de ampliar la jornada escolar, en forma obligatoria, para todos los colegios de enseñanza básica y media científico humanista y técnico profesional, a partir del inicio del año escolar del año 2002.
En síntesis el Proyecto de Ley de Extensión de Jornada, que significa extender la jornada escolar de medio día a día completo, establece un mínimo de horas pedagógicas, superior al vigente, de 38 horas semanales para la Educación General Básica de 3º a 8º año y un mínimo de 42 horas semanales en la educación media científico humanista y técnico profesional. La reforma educacional planteada implica aumentar la jornada escolar en promedio en un 17%. Esta extensión de jornada educativa demandará un enorme esfuerzo organizativo y financiero, que de acuerdo con el propio proyecto de Ley requiere en términos de inversión la construcción de 20.000 salas a lo largo de todo el país y es equivalente a elevar la cobertura educacional en 760.000 niños, en el plazo de cinco años. La magnitud de este esfuerzo se puede dimensionar si se considera que es equivalente a un aumento de la cobertura educacional de enseñanza básica y media actual en un 25%.O, que construir 20.000 salas significa construir en promedio 11 salas diarias durante los próximos cinco años.
Este esfuerzo hace evidente la necesidad de reforzar la componente técnico-económica frente a la limitante financiera que puede entravar la materialización de las transformaciones planteadas por el proyecto de extensión de jornada, particularmente en un escenario caracterizado por un bajo su nivel de remuneraciones de los profesores y por la necesidad de un porcentaje significativo de estos de trabajar en mas de un jornada para suplementarlas.
La discusión está comenzando, y a pesar de que el proyecto de Ley hace referencia a mecanismos de apoyo financiero tales como: aumento de las subvenciones permanentes, nueva subvención para costos de mantención y aportes suplementarios para inversión a los que se debe postular vía proyectos; la magnitud y operativización de estos mecanismos genera inquietud, por decir lo menos, en el sector educacional, particularmente entre los profesores. Algunas de estas inquietudes en el ámbito económico son: ¿Si se dispondrá, en este plazo, de suficientes recursos de operación y de inversión requeridos para implementar el cambio impuesto por Ley? ¿Hasta que punto la percepción pública de la magnitud del esfuerzo presupuestario se ajusta a la realidad? De hecho, en el ámbito de los recursos de inversión, se mencionan cifras entre mil cuatrocientos y dos mil doscientos millones de dólares.
¿Si estos mayores aportes, que de acuerdo al texto legal deben orientarse fundamentalmente a remuneraciones, proveerán los incentivos suficientes para motivar el cambio de los docentes, esto es por ejemplo sacrificar su segunda jornada? ¿De donde se obtendrán los fondos para financiar el costo de indemnización en los casos de que el ajuste de planta de personal requerido involucre despidos? ¿Dispondrán las unidades educativas de la capacidad técnica necesaria para postular a los mecanismos de financiamiento de inversión, que implican postular proyectos de inversión, posterior ejecución y estar en condiciones de operar el año 2002? ¿Quien, y como, financiará el mayor costo de alimentación en el que necesariamente se incurrirá producto de la extensión de jornada?
Y, lo mas importante, ¿Como se obtendrá el apoyo de los profesionales de la educación si el proyecto no considera una solución al problema de las bajas remuneraciones?
Esto son algunos aspectos económicos o presupuestarios que deberán considerarse en la discusión del proyecto, sin mencionar aspectos de contenido para la extensión de jornada, que es otro problema que se debe abordar.
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Frecuentemente se encuentran en los medios de comunicación afirmaciones sobre el efecto de la consideración del impacto ambiental en el crecimiento y desarrollo económico. Afirmaciones tales como " que los ambientalistas frenan el desarrollo económico" o " que las exigencias ambientales pueden entorpecer los objetivos de crecimiento económico" por la burocracia de los procedimientos o por el alto costo de los estudios ambientales requeridos. Son muchos los mitos que giran en torno a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), los cuales han dado pie a malos entendidos y mal interpretaciones. Este comentario se refiere a algunos de ellos.
MITO Nº 1.- Los impactos y los efectos de las acciones sobre el medio ambiente son siempre negativos, este mito tiene su origen en que la preocupación por la preservación ambiental surgió justamente como consecuencia de los efectos negativos del crecimiento económico sobre el medio ambiente, sin embargo aunque es cierto que los impactos negativos son los que han motivado la existencia de procedimientos de evaluación de impacto ambiental y los movimientos pro defensa del medio ambiente, no es cierto que todos sus efectos sean negativos. En efecto, los proyectos de inversión, por ejemplo, se pueden dividir entre proyectos cuyo impacto neto es positivo (Por ejemplo un proyecto de recuperación de tierras), proyectos que tienen un impacto neutro sobre el medio ambiente, y los proyectos que tienen impacto neto negativo y que por lo tanto constituyen motivo de preocupación.
MITO Nº 2.- Las E.I.A. son muy costosas, esta afirmación se basa en la concepción de la evaluación de impacto ambiental como un proceso técnico, largo y extraordinariamente complejo adicional a la evaluación tradicional que se realiza antes de incluir la variable ambiental en la toma de decisiones. El problema es que el inversionista no asocia, en el corto plazo, el costo adicional directo en el proceso de evaluación con el beneficio adicional de las decisiones originadas en este sobre el ecosistema en términos de menor daño y menores costos de recuperación. Lo que posibilita una rentabilidad privada real, eliminando el subsidio ambiental, y una mayor rentabilidad económica y social en el largo plazo.
MITO Nº 3.- No se puede asignar valor a las componentes del medio ambiente: En realidad el medio ambiente está formado por dos componentes: el medio ambiente natural y medio ambiente social, caracterizándose por la complejidad de los ecosistemas naturales que se suman al escaso grado de conocimiento de los componentes ambientales tales como fauna, flora, recursos inertes,etc. En la medida que se vaya perfeccionando este conocimiento y evitándose el uso de valorizaciones controversiales, en un ámbito en que la opinión pública identifica muchos elementos como no valorizables desde un punto de vista convencional, este mito irá perdiendo validez. La ciencia económica esta haciendo importantes aportes en este sentido.
MITO Nº 4.- Las E.I.A. deben considerar con máximo de detalle los efectos sobre todo el entorno. La definición amplia de ambiente o medio ambiente económico y social lleva a muchas personas a plantearse el problema de hasta donde debe abarcar una evaluación de impacto ambiental. En la realidad este es un aspecto que debe ser relativo al tamaño del proyecto y a los objetivos del estudio en el que debe existir una adecuada relación costo-beneficio. La idea es que los estudios no deben ser exaustivos por definición.
MITO Nº 5.- Las E.I.A. son en gran medida ejercicios académicos que no logran cambiar o reorientar las decisiones importantes del proyecto. Es necesario considerar, a este respecto, que las evaluaciones no tendrían que constituir un trabajo puramente académico en donde el esfuerzo dependa, si no hay restricciones financieras, solamente de la curiosidad del investigador. Mas aún, debería ser llevado en paralelo con las actividades normalmente consideradas para decidir la realización de una inversión para que tengan sentido los costos incurridos.
MITO Nº 6.- El problema con la E.I.A. es que no existe una metodología única para abordar la evaluación. Este pensamiento surge como cuestionamiento a la rigurosidad científica del proceso de evaluación del impacto ambiental de un proyecto. En el sentido de que la existencia de una diversidad de metodologías susceptibles de ser consideradas dificultaria alcanzar resultados similares utilizando metodologias diferentes. Aquí lo importante es que deben quedar claros todos los supuestos y tipos de aproximaciones empleados para que quien "evalúe la evaluación" sepa como se alcanzaron determinados resultados, y si desea, los pueda verificar.
MITO Nº 7.- Las E.I.A. detienen o entorpecen el proceso de desarrollo. Frecuentemente se pueden encontrar, en los medios de comunicación, afirmaciones del sector privado (Inversionistas) que indican que los ambientalistas frenan o retrasan el desarrollo económico. Al mismo tiempo el proceso de implementación de exigencias sobre E.I.A. de proyectos de inversión establecido por los gobiernos ha superpuesto en los requisitos de los procesos de evaluación de proyectos de inversión algunas instancias consideradas inicialmente como exigencias burocráticas. Se interpreta la EIA como un trámite burocrático. Aquí hay algo de razón, la consideración de la variable ambiental posterga el momento de la inversión por el tiempo necesario para demostrar que el impacto ambiental neto no será negativo, postergando definitivamente inversiones que no se consideren sustentables. En realidad este potencial atraso en las decisiones de inversión es el costo de una evaluación mas correcta en el sentido de incluir todas las variables relevantes en la toma de decisiones desde el punto de vista del bien común, variables que muchos inversionistas no consideran voluntariamente en sus decisiones de inversión pero que posibilitan un desarrollo sustentable.
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La Region Metropolitana concentra algo mas del 40% de la población nacional en el 2%  de la superficie de nuestro territorio, la region mas grande siguiente es la del BIOBIO que concentra aproximadamente el trece % de la población en 4.9 %  de superficie nacional y la region mas pequeña de las trece regiones del país es la undecima region, AYSEN, que reune a menos del 1% de la población en un área que corresponde al 14.2% del total. Esta heterogenea y concentrada distribución de la población nacional refleja de alguna manera las desiguales condiciones de desarrollo que afectan a las distintas regiones de nuestro país. Este comentario se refiere al origen de las desigualdades en el desarrollo regional. Este se encuentra en razones internas y externas a cada región, como son las consecuencias de distintas estrategias de desarrollo, la calidad y dotación de recursos, las características de la evolución histórica de cada región, las decisiones de politica administrativa nacional y las consecuencias de la politica economica general de la nación que no es neutra desde el punto de vista regional.
A lo largo del desarrollo económico se han priorizado diversas estrategias  económicas para impulsar el crecimiento del país, estas estrategias que incentivan el desarrollo de algunos sectores decincentivan otros, y en la medida que las regiones tiene distintas estructuras economico productivas recibiran impactos diferentes de la estrategia. por ejemplo durante mas de 50 años, desde 1919 hasta 1973, la estrategia de desarrollo  basada en la sustitución de importaciones  favoreció la producción nacional encareciendo y restringiendo las importaciones y en los años siguientes, a partir de 1974, la estrategia de desarrollo se orienta hacia el mercado externo favoreciendo las exportaciones e incentivando la diversificación del comercio con el resto del mundo.
El impacto regional de estas estrategias diferentes esta condicionado por atributos regionales que contribuyen a explicar el nivel de desarrollo regional. Las regiones tienen distinta dotación y calidad tanto de recursos naturales como de recursos humanos. Tambien el clima y el ecosistema, en general, generan distintas condiciones para el asentamiento de la vida humana.
En la historia, los centro poblados surgen por razones tales como estrategia de defensa, de intercambio comercial, de planificación regional que pueden ser de naturaleza permanente o transitoria, y que constituyen los primeros polos de desarrollo desde los cuales se organiza la ocupación del resto del territorio. Efectivamente, las nuevas inversiones y localizaciones tienen en cuenta las facilidades disponibles que convierten a los centros que las poseen en polos de crecimiento. Al mismo tiempo, los problemas generados por un crecimiento excesivo en alguna de estas zonas generan obligaciones al estado que tienden a orientar mas recursos hacia ellas en desmedro de las que aun no manifiestan este problema, motivando una fuente de distorsión en la asignación de recursos públicos. Caso característico de Santiago donde la migracion de las regiones genera un constante crecimiento de la población, superior al del resto del país.
Por otra parte, la implementación de políticas regionales puede obedecer a diversos criterios tales como el aprovechamiento de las ventajas comparativas, el objetivo de lograr facilidades de gestión administrativa de las regiones o el desarrollo de áreas estrategicas, criterios que afectan de manera desigual a las distintas regiones, potenciando o desicentivando su desarrollo economico.
Adicionalmente, los objetivos de crecimiento y desarrollo economico nacional constituyen la base de una politica económica general que no es neutra desde el punto de vista regional, favoreciendo o perjudicando a las regiones en función de la importancia relativa de los sectores que se ven directamente afectados por las medidas de politica economica.
En alguna época la concentración territorial fue un factor clave para el crecimineto del sector industrial, sin embargo, aunque esta concentración geográfica pudo constituir un requisito fundamental para el logro de ciertas estrategias de desarrollo a generado  una caracterícticas no deseables entre las que se destacan una desigual distribución del ingreso y la desviación de recursos de actividades productivas de algunas regiones para atender las necesidades de las zonas centralizadas. Adicionalmente, estan los problemas propios de las regiones para integrarse al desarrollo, tales como destribución desigual de los recursos naturales y humanos, tardío acceso a las innovaciones tecnológicas, deficit de infraestructura, problemas de gestión debido a que los sistemas decisionales públicos y privados son centralizados, etc.
Para abordar el problema de desigualdad en el desarrollo de las regiones permitiendo que todos los sectores del pais tengan acceso a los frutos del desarrollo económico nacional se requiere comenzar por separar las causas naturales de las artificiales, modificando estas últimas de modo de compensar a las primeras.
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Nuevamente se ha observado en los medios de comunicación el tema del financiamiento de los partidos políticos, la idea básica es que el gobierno destine un aporte significativo para financiar las campañas electorales. Lógicamente la mayoría de quienes participan como candidatos tendrán razones para estar de acuerdo, especialmente en períodos de elecciones como ocurre en el presente año, pero una gran mayoría de potenciales electores pueden no estarlo por considerar que hay otros intereses sociales mas urgentes que requieren estos fondos.
La idea central que respaldaría el financiamiento estatal es lograr un sistema de financiamiento mas transparente, regulado y equitativo en el sentido de controlar los aportes financieros de grandes empresarios o grupos económicos que favorecen a los candidatos de su interés en desmedro de quienes no tienen acceso a ellos. Sin embargo nada garantiza que, por participar el estado en este financiamiento, el sistema sea mas transparente y los grupos que aportan secretamente o públicamente a financiar determinadas campañas dejen de hacerlo. Por otro lado si es un problema de regulación, este se podría establecer sin necesidad de sacrificar recursos estatales que tienen un alto costo alternativo.
En el ámbito de la ciencia económica existen dos teorías que tienen que ver con esta discusión: la teoría del interés público que establece que la participación del estado obedece a la demanda por parte de la sociedad para corregir las ineficiencias del mercado y sus consecuencias no equitativas y la teoría de los grupos de interés, que establece que la intervención del estado obedece a las demandas de grupos de interés que están luchando entre ellos para maximizar la riqueza de sus respectivos grupos.
El actual financiamiento privado de los partidos políticos y sus campañas electorales se presta para pensar que lo que prevalece es el interés de grupos económicos que en teoría aportarían mas a quienes están de acuerdo con acciones que favorecerían su quehacer futuro y la propuesta de financiamiento con aportes estatales estaría de acuerdo  con la teoría del interés público.
Sin embargo la cosa no es tan sencilla, analicemos el caso de las elecciones políticas. Son los políticos quienes, al igual que el mercado, tienden a definir las demandas de la gente por bienes y servicios públicos determinando directamente o indirectamente las prioridades de producción de estos junto con su distribución. Oferta y Demanda. Por otra parte si se piensa que los políticos (Oferentes) tienen como interés principal el ser elegidos para participar en este proceso decisional y los electores (Demanda) les interesa elegir a quienes reflejen mejor sus intereses sobre necesidades tenemos un proceso en el que los electores expresaran su preferencia por los diferentes contenidos de programas electorales y los elegidos, presidente, legisladores y autoridades locales administraran el gasto público, establecerán leyes y recaudaran impuestos de acuerdo a sus objetivos declarados.
Esta seria la esencia, se dice, del proceso democrático, sin embargo si el proceso no es transparente, si potencialmente los candidatos adquiriesen compromisos previos, ajenos a los declarados, que deben respetar para asegurar su reelección, si la población no puede discriminar en función de acciones concretas realizadas si no en términos de lo que cada candidato o partido político dice que hará, si el sistema de información que se maneja es asimétrico por que el público elector no puede manejar toda la información que si maneja el candidato, el sistema no funcionara bien.
En la literatura económica se hace referencia a la creación de organismos interventores que generen mecanismos a través de los cuales los puntos de vista del interés público se traduzcan en iniciativas gubernamentales.
En resumen, pareciera ser que el financiamiento público de las campañas y/o partidos políticos no soluciona el problema de fondo: riesgo de compromisos al utilizar  financiamiento privado y desigualdad de campañas al no disponer de este, ambos se podrían mantener. Lo que probablemente se requiere es algún tipo de organismo con facultades reales para investigar y garantizar la transparencia requerida sobre el financiamiento de los partidos políticos primero y luego determinar o analizar la justicia distributiva de este.
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Frecuentemente se pueden encontrar, en los medios de comunicación, afirmaciones del sector privado (Inversionistas) que indican que los ambientalistas frenan o retrasan el desarrollo económico. Al mismo tiempo el proceso de implementación de exigencias sobre la consideración del impacto ambiental de cualquier proyecto de inversión, que ha culminado con la publicación del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, publicado en el diario oficial en Abril del presente año ha superpuesto,  a los requisitos de los procesos de evaluación de proyectos de inversión, algunas instancias considera-das inicialmente como exigencias burocráticas, que hoy día tienen el carácter de legales y obligatorias.  Este comentario se refiere a que efectivamente la consideración de la variable ambiental en las decisiones de inversión puede postergar el momento de materialización de esta por el tiempo necesario para demostrar que el impacto ambiental neto no será negativo, postergando o impidiendo definitivamente la ejecución de inversiones que no sean sustentables.
Al respecto, hasta hace muy poco, las metodologias tradicionales de evaluación de proyectos de inversión no consideraban explícitamente el impacto ambiental de las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto: Preinversión, Inversión, Operación y Abandono. Sin ir mas lejos si se revisa  literatura reciente sobre metodologias de evaluación se observará que esta variable no esta considerada, por ejemplo el texto guía de MIDEPLAN publicado en 1991: "Preparación y Presentación de Proyectos de Inversión" destinado  a las inversiones del sector público y que también es utilizado por el sector privado no considera este aspecto.
Hoy día, con la existencia de la Ley Nº 19300, "Ley sobre bases generales del medio ambiente" publicada en el diario oficial en Marzo de 1994 y su reglamento de reciente publicación, se ha explicitado y operacionalizado la consideración del impacto ambiental de todos los proyectos de inversión, tanto del sector público como privado, los que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto se hace necesario que los inversionistas o promotores de inversión consideren, junto con las factibilidades técnica, económica, financiera, de mercado administrativa y legal, la factibilidad ambiental. Y, los procedimientos tradicionales de evaluación de proyectos deben ser revisados.
Si el  procedimiento tradicional de preparación y evaluación de proyectos de inversión se consideraba un procedimiento costoso en términos de recursos y tiempo,  ahora las exigencias de el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pueden aumentar su costo. Un nuevo procedimiento debe integrarse a la toma de decisiones asociadas a un proyecto de inversión, dependiendo de la naturaleza de las actividades involucradas en este. Y este procedimiento efectivamente posterga el momento de la ejecución de la inversión, al mismo tiempo que aumenta sus costos, tanto en la preparación y evaluación como en las etapas siguientes del ciclo de vida del proyecto.
La primera pregunta que debe hacerse hoy día un inversionista es si su proyecto debe someterse al SEIA, lo que ocurrirá cuando las actividades involucradas en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del proyecto sean susceptibles de causar efectos ambientales, y la naturaleza de estas actividades se incluya en el listado del Art. Nº 10 de la Ley 19.300. En el caso de que esto ocurra, la siguiente pregunta es si debe realizar una Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuya diferencia de costos es significativa. Para responder a esta pregunta debe observar si las actividades o proyectos que se realizarán reúnen alguna de las características especificadas en el Art. Nº 11 de la mencionada Ley.
La diferencia de plazos también es significativa,  pues en el caso de presentar una DIA, la COREMA o CONAMA tiene un plazo de sesenta días hábiles, prorrogable por treinta días, y en el caso de un EIA tiene un plazo de 120 días hábiles, prorrogable por sesenta días, ambos plazos contados desde la fecha en que se presente a evaluación. Adicionalmente, hay que considerar que la continuidad de estos plazos se suspende, de común acuerdo entre el organismo público y el inversionista, para dar cabida a los plazos que requiera el proponente para responder aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones solicitadas por el organismo público competente.
Por lo tanto, cuando el sector privado manifiesta la posibilidad de que se este frenando o entorpeciendo el desarrollo económico, culpando en algunos casos a los ambientalistas, se podría decir que tienen razón: en el corto o mediano plazo habrá una disminución en la rentabilidad, una postergación de la materialización de la inversión y algunos proyectos no se podrán ejecutar. Sin embargo, lo que probablemente esta ocurriendo es que se esta avanzando hacia el logro la velocidad correcta para alcanzar el desarrollo.
Un ejemplo muy ilustrativo al respecto se observa en el estudio realizado por Robert Repetto, investigador del World Resources Institute para Indonesia, donde al comparar la Inversión Interna Bruta y la Inversión Interna corregida por agotamiento de recursos para el período 1971-1984 se pasa de una tasa de crecimiento promedio anual de 11,4% a un tasa promedio de 1,3% y al someter la tasa de crecimiento promedio del PIB a la misma comparación, se baja de un 7,1 % promedio a un 4.0 % para el mismo período.
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El crecimiento es consecuencia de realizar proyectos rentables,  de incrementos en la fuerza laboral empleada productivamente y de una serie de factores de difícil cuantificación o identificación; como por ejemplo, el desarrollo tecnológico. La importancia de esta afirmación radica  que permite concluir que se pueden aumentar las tasas de crecimiento económico de un país mediante la asignación de los escasos recursos de inversión disponibles hacia los proyectos económica y socialmente más rentables y sustentables. Esta conclusión es la base de una política generalizada tendiente a racionalizar las decisiones de inversión tanto públicas y como privadas.
La pretensión de racionalizar técnicamente el proceso de toma de decisiones de inversión surge de la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de ciertas variables que pueden afectar, discrecionalmente, las distintas posibilidades que se le presentan al inversionista. Al menos en el sector privado, el interés por la maximización de los beneficios se ve matizado por la consideración de los riesgos en que se incurre con una inversión frente a otra. Las técnicas de evaluación de proyectos procuran minimizar la incertidumbre, no solo en términos comparativos de la relación beneficio costo, sino también en función de los riesgos de la inversión, los que dependen críticamente del tiempo de recuperación de la inversión y de la capacidad para predecir y controlar las variables criticas del proyecto.
En la historia reciente, los enfoques, las técnicas y aun los criterios mismos de evaluación han sufrido cambios considerables que son el resultado de una compleja trama de cambios y ajustes en los procesos globales de desarrollo económico, que le han impuesto a los inversionistas y en general a los tomadores de decisiones de inversión, nuevos criterios de valoración de alternativas.
En este proceso, las variables económicas, financieras y ambientales, especialmente en términos de costos, adquieren una importancia creciente en las técnicas de evaluación de proyectos, al mismo tiempo que el paulatino parcelamiento estratificado de los mercados y el reconocimiento de que los precios determinados en estos no reflejan el valor de todos los recursos utilizados por un proyecto plantea una imperiosa necesidad de mejorar la predicción de las variables de demanda y oferta.
Por otra parte, esa misma  historia reciente que contrasta el concepto de estado benefactor e intervencionista con el de un estado subsidiario, no intervencionista y contralor implica una serie de modificaciones que afectan la lógica de la evaluación económica y social de proyectos, cabe destacar entre estas:  la transferencia de los costos y la responsabilidad de producción social al sector privado de la sociedad,  la desgravación impositiva de la propiedad y las ganancias con el argumento de que ello estimulara  la inversión productiva y  las aplicaciones de políticas de control monetario extremadamente contractivas para frenar la inflación, entre otras.
Por último, dentro de los cambios que han complicado el proceso de toma de decisiones de inversión esta el gran debate iniciado a mediados de los setenta sobre la interrelación entre desarrollo y ambiente, que cuestiona los principios básicos en los que se fundamentaban hasta entonces las distintas técnicas de evaluación de proyectos, especialmente en términos de consecuencias ambientales y la consideración de que en las metodologías vigentes habría un  exagerado esfuerzo por maximizar beneficios.
 Las criticas surgidas de este debate han generado una tendencia institucional que procura transferir a las empresas la responsabilidad por los costos ambientales, sociales, culturales y hasta políticos que derivan de las decisiones económicas, comerciales y financieras. La consecuencia inmediata de este proceso implica un reconocimiento formal de la necesidad de incorporar el análisis de las externalidades de los proyectos en algún momento. Convirtiendo, de cierta forma, los problemas del medio ambiente en un asunto de negocios, lo que les otorga un significado institucional y político muy relevante.
Las técnicas de evaluación de proyectos van evolucionando a la saga de estos cambios y están en proceso permanente de desarrollo. En el ámbito privado, desde el tradicional método del valor actualizado neto como extensión de un modelo básico sin riesgo hasta el uso de los mercados de opciones futuras para la evaluación de proyectos de recursos naturales. y en el  ámbito social, desde un sistema de asignación residual por el un estado benefactor hasta la exigencia de evaluaciones mas o menos sofisticadas en términos comparativos bajo probables esquemas de análisis impacto, análisis costo-eficiencia o análisis costo beneficio.
Por lo tanto es necesario asumir la responsabilidad por difundir el conocimiento sobre el proceso de formulación, preparación e implementación de proyectos de distinta naturaleza, tanto en el ámbito público como privado. Para ello se requiere fomentar mecanismos que proporcionen  una formación mínima en materias y metodologías modernas comunes en los procesos de preparación y evaluación económica y social de proyectos que permitan, a quienes lo requieran, participar efectiva y eficazmente en el análisis de sus propuestas de inversión.
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Muchas veces, en distintos ambientes y de distintas personas, se observan criticas u opiniones divergentes, en algunos casos polémicas públicas, con respecto a iniciativas o propuestas que tienen trascendencia nacional. Muchos de las argumentaciones surgidas en este contexto se podrían mejorar con la comprensión y conocimiento de un concepto básico de la economía, que constituye la motivación de este comentario.
Se comprenden en la situación anterior las polémicas vinculadas con iniciativas de proyectos o programas de inversión originadas en sector público o privado, como cuales deben ser las fuentes de financiamiento para el proyecto de ampliación de jornada escolar; cual seria el destino alternativo de los fondos en el caso del proyecto de financiamiento de partidos políticos; medición correcta de los costos o beneficios vinculados a aspectos ambientales como proyecto Renca en Stgo. o proyecto Ralco en la VIII Región; destino o apropiación de los beneficios como el caso del proyecto Trillium; cual debe ser el financiamiento alternativo del presupuesto fiscal frente a la rebaja de aranceles, etc. También se incluyen en dicha situación las discusiones surgidas cuando algunos ciudadanos critican a determinados personajes públicos, elegidos por votación popular, por que no han cumplido con algunas promesas realizadas antes de su elección pues probablemente el candidato electo se dio cuenta de que existen iniciativas mas prioritarias que las que el había considerado siendo candidato.
Estos dos casos mencionados tienen, entre otros, un elemento en común que tiene que ver con el conocimiento, comprensión y uso de uno de los conceptos mas importantes de la ciencia económica, este es el costo de oportunidad o costo alternativo. Concepto que de alguna manera, implícitamente o explícitamente, aporta argumentos en la discusión de distintas posiciones.
El costo de oportunidad o costo alternativo, que puede ser utilizado por detractores y defensores de una idea en discusión constituye un concepto básico de la economía, y creo que vale la pena detenerse un momento para precisar los alcances de este concepto y como su conocimiento y correcto uso puede aportar o no al proceso de toma de decisiones.
En esencia, el costo de oportunidad se refiere al hecho de que en un mundo de recursos escasos y limitados cada vez que se enfrenta a la decisión de asignar recursos para iniciar un proyecto o programa se esta enfrentando a la decisión de dejar de realizar otro, de tal manera que al tomar una decisión es necesario considerar tanto sus costos explícitos, aquellos observables a simple vista, que también se podrían denominar costos directos como sus costos implícitos, que corresponden a los beneficios sacrificados al no llevar a cabo la actividad alternativa, esto es dar a los recursos el otro uso. Un par ejemplos sencillos puede ilustrar esta diferenciación. Ejemplo Nº 1: Los costos de un estudiante de enseñanza superior. En este caso son costo directos los costos de matricula, de libros, de material de estudio en todas sus variedades(los costos de alimentación o vestuario no, por que igual se tiene que incurrir en ellos) y los costos implícitos o de oportunidad corresponden al valor del ingreso sacrificado al estudiar, puesto que se supone que sino estudia trabaja. Ejemplo Nº 2: El caso de un profesional independiente, un médico por ejemplo, que esta decidiendo asistir a un programa de perfeccionamiento. Este, además de conocer el costo directo que le genera el programa tendrá muy claro el valor de las consultas  sacrificadas por el hecho de asistir a clases, que seria su costo indirecto o implícito.
Es probable que si cada vez que se enfrenta la discusión de una decisión los participantes en ella toman en cuenta todos sus costos, el proceso decisional se simplificaria en la mayor parte de los casos. Sin embargo existe un problema adicional al desconocimiento de los costos de oportunidad, que surge por que muchas veces estos costos implícitos no son tan claros o tan objetivos y la discusión se centra en cual es la actividad sacrificada o cual es el valor de esta actividad, por ejemplo el uso alternativo de los fondos que se destinarán al hipotético financiamiento de partidos políticos o el valor de la pérdida del habitat original de los Pehuenches para la sociedad.
En todo caso, sea fácil o difícil determinar los usos alternativos y su valor, es un hecho que existen y la explicitación de esta existencia podría ayudar a acortar los períodos de discusión pública de muchas iniciativas.
¿Que pasaría si cada vez alguien opina sobre determinado aumento de gasto en programas sociales de salud, educación u otros se viera enfrentado a la posibilidad de que para no sacrificar otras iniciativas le exijan una mayor contribución a través de impuestos o deba proponer una alternativa? ¿Que pasaría si públicamente se centra la discusión en los aspectos problemáticos de la determinación de los costos implícitos sabiendo que ahí radica el problema? ¿Que ocurriría si los candidatos a futuros cargos administrativos o legislativos consideraran los costos de oportunidad de sus propuestas en el caso de tener que llevarlas a cabo antes de hacerlas? Yo pienso que por menos mejoraría en nivel de la discusión en muchos casos.
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“Así que con esto de los ecologistas ya no se puede hacer nada en este país...” esta afirmación la hizo un colega un día de la semana pasada mientras observaba la prensa, al mismo tiempo leía un titular  que decía “Mas de cinco mil millones de dólares suman proyectos pendientes en CONAMA”, y el colega finalizó sus comentarios diciendo “... de esta manera Chile no puede crecer”.
Este es un tema recurrente. La problemática generada por la percepción de que la consideración del medio ambiente obstaculiza el crecimiento económico es uno de los  mitos asociados a la problemática ambiental.
Efectivamente, la incorporación de la variable ambiental en la toma de decisiones de inversión pareciera frenar el crecimiento económico en el sentido de que lo desacelera. Pero no frena el desarrollo económico, solo lo hace sustentable. Cabe preguntarse entonces, él porque de este tipo de comentarios, especialmente cuando provienen de profesionales asociados a diversas áreas del quehacer productivo de nuestro país.
Sin entrar a analizar el abanico de posibilidades que se puede encontrar entre las dos posiciones extremas con respecto a este tema, vale decir la posición de los denominados detractores del crecimiento económico cuyo planteamiento principal pasa por frenar el exceso de consumo para impedir el agotamiento de recursos junto con el deterioro ecológico y la posición de quienes afirman que sobre destrucción del medio ambiente nada esta suficientemente demostrado y el mayor riesgo consiste en frenar el crecimiento económico, se puede observar en nuestro país una discrepancia  agudizada  por la forma en que se ha enfrentado esta problemática.
Lo que ocurre es que de pronto nuestra realidad se vio enfrentada a la necesidad, y en algunos la obligación, de considerar la variable ambiental  generando un  cambio en el proceso de toma de decisiones que podría considerarse demasiado violento. Drásticamente se pasó de una situación histórica, hasta 1990-91 aproximadamente, en que la variable ambiental tenia prácticamente nula consideración en ciclo de vida de proyectos de inversión tanto del  sector público como privado. A un periodo reciente  entre 1992 y 1997, en que el impacto ambiental tenia una consideración voluntaria creciente en el sector privado y obligatoria en proyectos de inversión que se regían por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Para culminar a partir de 1997, con  la aprobación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en una situación en que la evaluación del impacto ambiental de los proyectos y programas de inversión es obligatoria tanto para proyectos del sector privado como público. El cambio parece demasiado rápido en comparación con este mismo proceso en  países desarrollados y algunos en vias de desarrollo, que antes de los noventa ya tenían su legislación ambiental.
En forma paralela, en el mismo período histórico, se pasó de movimientos ecologistas escasos, poco organizados, sin experiencia y sin instrumentos de apoyo, antes de los 90, a una situación actual en que se tienen grupos conocidos y organizados, representados incluso en el congreso, con instrumentos legales y experiencias acumuladas que les permiten presionar mejor por alcanzar sus objetivos.
Lo que agrava la percepción  de que la consideración del medio ambiente en la toma de decisiones entraba el crecimiento económico y la hace adquirir proporciones importantes en el espacio dedicado por los medios de comunicación nacional, es probablemente el desorden y ambigüedad de la discusión. Es necesario realizar algunas precisiones que ayuden este proceso.
Como ya se mencionó la incorporación de esta variable al proceso de toma de decisiones  en forma obligatoria pareciera frenar el crecimiento económico. Efectivamente, el proceso de implementación de exigencias sobre E.I.A. de proyectos de inversión establecido por el Sistema de Evaluación de evaluación de Impacto Ambiental ha superpuesto en los requisitos de los procesos de evaluación de proyectos de inversión algunas instancias considera-das inicialmente como exigencias burocráticas. Se interpreta la EIA como un trámite burocrático. Aquí hay algo de razón, la consideración de la variable ambiental posterga el momento de la inversión por el tiempo necesario para demostrar que el impacto ambiental neto no será negativo, postergando definitivamente inversiones que no se consideren sustentables. En realidad este potencial atraso en las decisiones de inversión es el costo de una evaluación más correcta en el sentido de incluir todas las variables relevantes en la toma de decisiones desde el punto de vista del bien común. Luego existe un ajuste a le velocidad de crecimiento.
De tal manera que no es necesario ahondar la discusión en este aspecto. Sin embargo, dos  fuentes de controversia que se mantienen: una asociada a la identificación y medición de costos y beneficios económicos asociados al proyecto y otra asociada a la identificación y valoración de los impactos ambientales. En el caso de la primera es necesario ser más precisos y transparentes en el proceso de evaluación, aceptando que existen costos y beneficios directos, indirectos e intangibles y que con respecto a estos últimos es necesario explicitar juicios de valor. Frente a la segunda fuente de controversia es importante objetivizar la discusión estableciendo una separación entre las consideraciones que son de mayor consenso, como por ejemplo la capacidad de carga de un acuífero, de aquellas donde nuevamente la discusión se convierte en normativa, esto es pasa a depender fundamentalmente  de  los juicios de valor que predominen.
En general, frente a este tipo de situaciones,  en que las decisiones finales se pueden ver afectadas por controversias que dependen de juicios de valor,  es necesario establecer algún orden de discusión partiendo de la base de que el resultado de la discusión debe considerar un equilibrio entre operacionalidad y consenso. Se debería intentar explicitar los juicios de valor relevantes con este equilibrio en mente.
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Hace algún tiempo nos referíamos  en este espacio a uno de los conceptos más importantes y básicos de la ciencia económica y a como su conocimiento y uso explícito podía ayudar al proceso de toma de decisiones en ámbitos tan diversos como puede ser el área ambiental o el de las decisiones públicas. En esta oportunidad el tema se refiere al uso de los incentivos y desincentivos económicos, tema muy utilizado por los gobiernos para guiar la conducta de los agentes económicos individualmente considerados.
Este es un mecanismo permanentemente utilizado por gobiernos y empresas, incluso por las familias para lograr que las decisiones de alguien apunten en la dirección deseada por quien otorga el incentivo o desincentivo.  Es el caso de los subsidios  o franquicias a determinado sector productivo, los impuestos, multas o descuentos a otros. Como por ejemplo el subsidio al sector forestal, los créditos subsidiados de Indap a la pequeña agricultura, mayor pago por las horas adicionales de trabajo,  los altos impuestos al Tabaco o al Alcohol, las multas por botar basura en lugares no autorizados entre otros.
También se da el uso, a veces discutible, de este mecanismo en la forma de premios, regalos o invitaciones, en algunas áreas poco claras y que se pueden detallar sin incurrir en el riesgo de emitir juicios de valor. Sin embargo, algunas acusaciones de corrupción que de pronto se han discutido en los medios de comunicación, algo tienen que ver con el uso incorrecto de este mecanismo.
Por otra parte no se puede dejar de mencionar los esfuerzos que en materia ambiental se han hecho y se continúan haciendo para lograr que el hombre incluya en sus decisiones la consideración de los costos ambientales a través del uso de este instrumento proporcionado por la ciencia económica de manera que las decisiones individualmente adoptadas coincidan con las que considera deseable la sociedad.
En términos generales parecería estar claro como funciona, bajo el supuesto de que las personas son maximizadoras se les aumenta o disminuye su ingreso disponible, ya sea en forma directa o indirecta, según su comportamiento con respecto a determinados objetivos.
Probablemente Ud. ha observado lo que ha ocurrido en Concepción Centro  con la reciente medida  aplicada para regular los cruces de peatones a mitad de cuadra. Si alguien cruza en un lugar indebido y es sorprendido por la autoridad será sancionado con una multa cuyo monto mínimo es de seis mil doscientos pesos. De acuerdo a las primeras opiniones evaluativas sobre los resultados de esta medida se concluyó que estaba siendo efectiva.
Se puede apreciar, en este sencillo ejemplo proporcionado por nuestra realidad contingente, que se logra reencauzar el interés personal de manera que se le compatibiliza con el interés público, en forma mas efectiva que las campañas concientizadoras o las barreras peatonales.
En todo caso, aunque en la mayor parte de los casos funcione el supuesto de los economistas que establece que las personas reaccionan a los motivos materialistas y de interés personal, hay que recordar una recomendación básica de la ciencia económica.
Una recomendación básica que consiste en una advertencia que se debe hacer a quien comienzan a conocer las ventajas y desventajas asociadas al uso de la lógica económica en el proceso de toma de decisiones. Esta es que el análisis económico solo debe ser aplicado donde explique y prediga con éxito, por que su motivación es explicar y predecir el comportamiento del hombre frente a la toma de decisiones en el ámbito económico para poder actuar sobre las variables que lo explican y de esta manera intentar ajustar el interés individual al interés de la sociedad.
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En una economía que pretende fomentar la competencia, como la que actualmente impera en el país, todas las acciones que se supone deben ser resueltas por los mercados de libre competencia se apoyan en el supuesto de la soberanía del consumidor. El consumidor es el rey. Puede resultar interesante analizar si esta soberanía se ejerce o es sólo una manifestación de intenciones reflejada en una frase que hace eco de una condición que en términos teóricos se puede demostrar.
La teoría económica indica, con respecto a la soberanía del consumidor, que  nadie está en mejores condiciones para decidir cuanto valen los bienes que el propio individuo que los va a consumir y que el valor que está dispuesto a pagar refleja el verdadero valor de los distintos bienes. Además establece que éste se refleja en los precios de mercados cuando las condiciones del mercado así lo permiten. Las condiciones de mercado a las que se hace referencia son las que debe reunir un mercado competitivo.
Un mercado es más competitivo en la medida que sus características se aproximan a las de competencia perfecta, esto es muchos vendedores y muchos compradores atomizados de manera que ninguno de ellos, en forma individual u organizada puedan manejar o influir sobre el precio, libertad de acceso para  comprar o vender en cualquier momento, el que desee entrar al mercado, como vendedor o comprador, puede hacerlo libremente. Y, lo más importante, información perfecta y equitativa, disponible en igualdad de condiciones para todos los que deseen acceder a ella.
Obviamente que si mira en el entorno cercano de cada individuo o familia, se apreciará que las condiciones mencionadas, en cada mercado, se encuentran mas o menos lejos de la realidad vigente en cada uno de ellos. Así,  si se usa como argumentación la gran cantidad de mercados distorsionados, donde muchos productores de bienes y servicios procuran, conscientemente o inconscientemente, maximizar beneficios eludiendo costos externalizables (como la eliminación de desechos contaminantes o la venta de productos que genera costos implícitos externos como la producción de alcohol y cigarrillos) o si  se generaliza el hecho de que la información no es perfecta, falibilidad de los mercados con respecto a la información, se podría concluir que el consumidor no puede ejercer su soberanía.
Pero, ¿la ejerce en los casos en que los mercados por sí solos, o con la participación reguladora del estado, se aproximan a las condiciones de competitividad requeridas? ¿Qué ocurre en los mercados más competitivos con el desarrollo de campañas publicitarias tendientes a convencer al potencial consumidor de las bondades de su producto y a explicarle porqué debe consumirlo?
Se dice que en  muchos casos la publicidad lo que hace es generar necesidades y por lo tanto crear en el consumidor la disposición a pagar no en función de sus valorizaciones personales sino en función de las que les da entorno.  Se critica a los productores como los responsables de generar en la mente de los consumidores preferencias cuyo único objetivo es abrir mercados para sus nuevos productos.  ¿Entonces, es la soberanía del productor la que impera en el mercado?. ¿Significa ésto que las teorías económicas que se basan en el funcionamiento de mercados perfectos para explicar el comportamiento de los agentes económicos no sirven?.
En realidad, la idea aplicada al momento de conformar una teoría económica es la de simplificar la consideración de los múltiples factores presentes en una situación o comportamiento que se desea explicar, para ello se  utilizan supuestos  que sean compatibles, con objetivos de  operacionalidad  y consenso, para elaborar modelos que permitan explicar y predecir el comportamiento de los agentes económicos frente a determinadas situaciones económicas. Y en este ámbito, la teoría del funcionamiento de los mercados, de donde surge la idea de la soberanía del consumidor, es simplemente un modelo que pretende explicar  y predecir el comportamiento de consumidores y productores para de esta manera determinar si la sociedad está de acuerdo con los potenciales resultados anticipados por éstas y establecer si se puede o no influir en éstos, en función de los objetivos socioeconómicos predeterminados.
Por lo tanto,  no importa que si los mercados perfectos existen o no, si es cierto que utilizando este supuesto se puede generar información útil para contribuir al mejoramiento de la eficiencia en la asignación de recursos, uno de los objetivos prioritarios de cualquier economía en desarrollo.
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Este comentario se refiere al  comercio ambulante callejero, vale decir aquel que se lleva a cabo en la vía pública en su totalidad y que se divide en comercio autorizado e ilegal o clandestino. En particular se refiere a los comerciantes ambulantes no autorizados, que representan el grupo más significativo de este tipo de comercio y que se caracteriza por la dificultad  que enfrentan las autoridades para de ejercer algún control sobre las personas que lo practican, las mercaderías que venden y la procedencia de estas. El comercio ambulante no autorizado es bastante diversificado y abarca desde producciones artesanales de bajo valor comercial hasta productos con gran nivel de tecnología incorporada como es el caso de los productos importados, incluyendo también alimentos perecibles.
Los agentes socio económicos, personas o instituciones,  involucrados o afectados por la existencia del comercio ambulante no autorizado  son numerosas,  entre estos se pueden mencionar los siguientes:  Municipalidades, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional del Consumidor, Servicio Nacional de Salud, Investigaciones, Servicio Nacional de Pesca, Servicio de Higiene Ambiental, Juzgado de Policía Local, Carabineros de Chile, Comercio Establecido minorista y proveedores, Consumidores,  el propio  Comercio Ambulante y  los Peatones.
Se pueden escuchar  argumentos  detractores, defensores o neutros con respecto a la existencia de este tipo de comercio que surge desde la perspectiva de cada individuo o sector de la sociedad según el grado en que se encuentren involucrados y resulta un ejercicio interesante contrastar sistemáticamente estas posiciones. Para esto se puede utilizar la lógica económica, que en su sentido más amplio sugiere que las decisiones se basan en la comparación de beneficios y costos independientemente de la posibilidad de valoración. Esto quizás permita comprender, a quien haga el ejercicio, cual es  la posición que  debe adoptar o defender.
Este esfuerzo comienza con la identificación de todos los agentes económicos o actores sociales directa o indirectamente involucrados, para analizar los impactos negativos y positivos que afectan a cada uno. En la eventualidad de poder identificar y cuantificar en términos comparables estos efectos se podrían generar mecanismos de incentivo (desincentivo) a las personas asociadas a esta actividad.
Entre los eventuales efectos o impactos que se podrían considerar asociados a algunos de los agentes mencionados se encuentran en primer lugar las Municipalidades que internalizan costos correspondientes a los recursos adicionales necesarios para la mantención del aseo y  ornato de la ciudad, imagen pública, evasión de patentes y permisos así como los beneficios asociados a un potencial ahorro de desembolsos en programas de asistencialidad a sectores de menores ingresos. El Servicio de Impuestos Internos que internalizaria el costo de la evasión tributaria, principalmente IVA e impuesto a la renta.  El Servicio de Salud con el que se asociarían costos por fiscalización necesaria a la comercialización de alimentos en la vía pública, mayores costos de programas educacionales y  probablemente costo adicional por  atención de algunas enfermedades. A Investigaciones se puede asociar un costo por  mayor fiscalización derivada del  potencial incremento de la delincuencia asociada a la existencia de este tipo de comercio. Algo similar ocurriría con Carabineros de Chile que asumiría costos por la dotación de recursos distraída en el  control  este tipo de comercio, además de tiempo y recursos asociados a la atención administrativa y logística de los detenidos (verificación de domicilios por ejemplo), en este nivel probablemente se pueden mensurar mercaderías incautadas, su destino y el beneficio asociado a una probable redistribución del ingreso.  En el caso del Comercio Establecido Minorista se pueden desprender costos para aquellos afectados por la ubicación de los comerciantes ambulantes y para aquellos que venden productos competitivos con los que expenden los ambulantes. Con respecto a los Proveedores,  se identificarán  beneficios, legales o ilegales según  se cumple con la ley y se pagan los impuestos correspondientes.
Por otra parte el público en general, como consumidor, percibe beneficios y costos de la existencia del comercio ambulante. Beneficios por el menor costo de la compra y por la oportunidad de la misma y costos asociados al riesgo de calidad, cantidad e higiene de lo comprado, además de la ausencia de las garantías que le ofrece el comercio establecido y, además como peatones, sufrirán el impacto negativo de  la obstaculización de calles y  veredas, del deterioro del ambiente y el impacto provocado por control policial.
Por  último, los más importantes en esta enumeración de posibles personas o instituciones afectadas positiva o negativamente, son los  propios comerciantes ambulantes junto a su grupo familiar para quienes esta actividad constituye la mejor alternativa para generar ingresos que permiten la subsistencia de ellos y sus familias.
Como se podrá apreciar, son bastantes las consideraciones que se deberían tener en cuenta para adoptar una posición mas objetiva con respecto al comercio ambulante no autorizado, un paralelo entre pros y contras asociadas a cada ente social afectado seria útil para justificar  o no cualquier acción emprendida por la autoridad asociada a la existencia del  comercio ambulante no autorizado en la vía pública.
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Seguramente escuchó, leyó o vio por bastante tiempo en distintos medios, los comentarios que alababan nuestra economía y hacían alarde de los equilibrios macroeconómicos de nuestro país.  En realidad si se observan algunos indicadores económicos no se puede decir otra cosa, los análisis tienen su razón de ser. Pero en estos días los comentarios que se observan han cambiado, se habla de crisis, de inestabilidad, de la imposibilidad de alcanzar las metas macroeconómicas para el año 1998, el Presidente recomienda calma y serenidad, lo mismo el Ministro de Hacienda, al final muchos terminarán asustándose, si es que ya no lo están.
Si se hace una breve revisión de algunos indicadores económicos, para los últimos 10 años en nuestro país, observamos lo siguiente:  la tasa de crecimiento del PIB, esto es de producción anual de bienes y servicios finales del país, durante todo este periodo de diez años a sido, en promedio, superior al siete por ciento, la más baja se registró en 1990 y fue de 3.3% y la más alta en el año 1992 llegando al 11%. El producto percápita, esto es la producción anual dividida por el número de habitantes del país pasó de US$ 1365 en el año 1986 a un nivel superior a US$5300 en el año 1997, con un comportamiento regular creciente en todos los años.
La inflación, por su parte, que a comienzo del periodo analizado, en 1986, era de 17,4%  llegó el año 1997 pasado a un 6%, contemplándose  en el periodo la tasa mas alta para el año 1990 en que la inflación medida por el Indice de Precios al Consumidor llega a ser de 27,3% disminuyendo en cada año hasta hoy. Como se sabe, a pesar de que no se cumplió la meta inflacionaria para el año recién finalizado, se confirmó un comportamiento decreciente y existe un objetivo declarado por las autoridades económicas de una inflación meta, para el año en curso de 4,5%.
El desempleo, porcentaje de la fuerza de trabajo que buscan empleo, se ha mantenido a niveles relativamente bajos comparados con la historia, en 1986 era de 7.1% y el año pasado fue de 6,5% y por último la Inversión, requisito necesario para lograr el crecimiento económico, a pasado de 17,1% en 1986 a niveles cercanos al 29 en 1997.  Son pocas economías en el mundo las que pueden mostrar este comportamiento.
Sin embargo hoy, al enfrentar la crisis en Asia y la consecuente inestabilidad que ha generado en los mercados financieros mundiales, se observa gran preocupación en los agentes económicos públicos y privados. Pero no solo los agentes económicos importantes están preocupados. Los medios de comunicación han difundido los impactos de la mencionada crisis en nuestro país, junto con algunos llamados a la opinión pública hechos por las autoridades.  Efectivamente se ha informado de la inestabilidad originada en el mercado cambiario, de las aprehensiones de los inversionistas, de posibles dificultades para cumplir las metas de crecimiento y producción.  Al mismo tiempo, a la petición de mesura y austeridad en el gasto, hecho por el presidente del Banco Central, se suma el llamado del Presidente de la República, en su saludo de fin de año.  Todo esto ha logrado preocupar al  ciudadano común.
Es cierto que la crisis puede afectar a todos los chilenos, de hecho el Banco Central no sólo ha pedido mesura en el gasto, sino que además comenzó a aplicar medidas, para influir en éste.  Es el caso del aumento de la tasa de interés interbancaria de 6,5 % a 7% anual.  El impacto de esta medida lo sufrirán directamente las personas, por que indudablemente el costo de los créditos para consumo o inversión se verán incrementados.  Sin embargo no es necesario asustarse. La situación económica actual, generada por más de diez años de éxito económico, y caracterizada por la existencia de equilibrios macroeconómicos hasta 1997, constituye una base muy sólida para enfrentar los problemas económicos con seguridad.
Lo importante es que los agentes conductores de nuestra economía actúen correctamente procurando que las medidas que se adopten trasciendan a la opinión pública en forma clara y transparente, generando señales que apunten en la dirección requerida, esto significa -por ejemplo-, que en lugar de discutir si las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno para el año 1998, se verán modificadas y tratar de determinar cual debería ser su valor definitivo, deberían preocuparse por discutir cuales son las medidas y actitudes necesarias para tratar de mantenerlas y, como algunos agentes económicos sugieren, considerar que así como el sector privado será el principal afectado por el alza en la tasa de interés el Gobierno y sus autoridades deben dar señales de que actuarán con austeridad en sus decisiones.
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Es un hecho ya establecido y discutido en estas mismas columnas que la consideración e incorporación de la variable ambiental en el proceso de toma de decisiones de inversión afecta negativamente la tasa de crecimiento económico tradicional.
Efectivamente, la incorporación de esta variable implica considerar una serie de actividades adicionales que normalmente antes no se consideraban  y cuya ejecución obligada hoy día, al menos en lo que corresponde a las exigencias legales especificas de la legislación ambiental, generan la necesidad de incurrir en costos significativos tanto en tiempo como en recursos económicos y financieros. Normalmente se retrasa el periodo de ejecución de inversión con respecto a la situación que no consideraba la problemática ambiental afectándose la rentabilidad del proyecto tanto por la postergación de la fecha de obtención de los primeros beneficios como por el incremento en costos en cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto, cuando este debe someterse a los sistemas de evaluación de impacto ambiental.  Aumentan los costos de preinversión necesarios para aprobar la ejecución del proyecto, aumentan los costos de inversión para neutralizar o mitigar los impactos desfavorables en el medio, aumentan los costos de operación en los montos necesarios para mitigar y monitorear efectos ambientales de operación del proyecto y aumentan los costos de abandono para intentar eliminar cualquier secuela ambiental negativa generada. Surge además la posibilidad de que algunos proyectos económicamente rentables se posterguen indefinidamente por ser ambientalmente no viables.
Sin embargo, este resultado aparentemente negativo en el crecimiento económico, se justifica estableciendo  que una menor tasa de crecimiento económico es en realidad necesaria para lograr un desarrollo sustentable, pues se estaba sobredimensionando el crecimiento económico al no considerar los costos ambientales en los cálculos de producción. Por lo tanto se trata solo de un ajuste en la velocidad de crecimiento económico llevándola una la tasa  compatible con un aumento sostenido en el tiempo del nivel de bienestar individual y social. Esta tasa ajustada de crecimiento consideraría  no solo el aspecto económico sino que también  los aspectos ambientales y sociales.
Difícilmente se podría estar en desacuerdo con esta percepción, aparentemente no habría problemas. Sin embargo aquí radica uno de los principales problemas que enfrenta el objetivo de desarrollo sustentable, la imposibilidad hasta ahora de poder establecer parámetros comparables para optimizar una función de bienestar social que considere las  tres variables mencionadas. ¿Cómo optimizar paralelamente crecimiento, equidad y sustentabilidad ambiental?¿ Cuánto sacrificar de uno para lograr de otro? Por ejemplo, ¿cuánto intercambiar de crecimiento por sustentabilidad, en el entendido que el crecimiento utiliza el medio ambiente y puede favorecer objetivos sociales?
Y, como las respuestas a interrogantes como estas no son claras, la discusión cae en el  plano de los juicios de valor, se convierte en una discusión normativa donde en los extremos se pueden observar dos bandos, los economicistas frente a los ambientalistas. En un extremo, los que dicen que sobre destrucción del medio ambiente nada esta suficientemente demostrado y el mayor peligro consiste en frenar el desarrollo económico. En el otro extremo, los detractores del crecimiento cuya solución principal pasa por frenar el exceso de consumo. Y la posición intermedia: el DESARROLLO SUSTENTABLE, para desarrollarse es necesario afectar la naturaleza y sus recursos, pero hay que procurar hacerlo de forma de garantizar la conservación del medio ambiente. ¿Quién y como garantiza la conservación óptima, sin caer en extremos?
Si se pudiera considerar objetivamente  la combinación de estos tres objetivos no habría problemas, sin embargo al observar la forma de dimensionar los objetivos en cada área observamos que las unidades de medida son muy diferentes y no comparables. Efectivamente, el crecimiento económico normalmente se mide en función de indicadores económicos como por ejemplo la tasa de crecimiento del producto percápita, producto que es medido en unidades monetarias. Los objetivos de equidad se fijan necesariamente en función de indicadores sociales a partir de indicadores estadísticos de distribución como por ejemplo las Curvas de Lorenz que relacionan porcentajes de población con porcentajes de ingresos y lo mas complicado, los objetivos de calidad ambiental. Para definirlos se debe comenzar por aceptar que el medio ambiente esta integrado por dos grandes componentes: un medio ambiente natural conformado por cuatro sistemas interrelacionados: atmósfera, litosfera, hidrosfera y biosfera y un medio ambiente social o artificial compuesto por el conjunto de infraestructuras materiales construidas por el hombre y los sistemas sociales e instituciones que este a creado. No cuesta mucho imaginarse la diversidad de unidades de medida que habría que usar para dimensionar objetivos en este medio. Mas aun, ya resulta difícil establecer indicadores de comparabilidad entre los propios componentes del medio ambiente y con mayor razón entre los componentes del llamado desarrollo sustentable.
Como se podrá apreciar, esta sola problemática constituye la base para la existencia de una ambigüedad que posibilita la existencia de posiciones extremas no solo por el lado de los ambientalistas sino también por el de los economistas.
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En algunos meses mas comenzará a medirse el índice de precios al consumidor  (IPC) con una nueva canasta que actualiza las preferencias de consumo de los chilenos,  se eliminan algunos productos incluidos en la actual canasta cuyo consumo familiar habría disminuido y se agregan nuevos productos que antes no estaban considerados.
La canasta se refiere al conjunto de bienes y servicios seleccionados para observar periódicamente sus precios y a partir de las variaciones de estos obtener una estimación de la evolución del nivel de precios evolución que se utiliza para calcular el índice de precios al consumidor. Este índice es un indicador  calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  que mide los cambios en  nivel promedio de precios al consumidor y que es utilizado para conocer la variación de precios entre periodos de tiempo predeterminados. Cuando se informa, por ejemplo, que la inflación de un cierto periodo de tiempo fue de x%, lo que se esta informando es la variación porcentual de este índice en dicho periodo.
Para calcular él mencionado indicador se requiere conocer los productos que consumen las familias y las variaciones de precios de estos. Como resulta imposible hacer una lista con absolutamente todos los bienes y servicios consumidos por cada familia en cada periodo y conocer los precios que se han pagado por ellos se hace necesario utilizar una aproximación que se basa en una selección de los bienes y servicios mas consumidos, denominada canasta, que incluye ordenadamente productos agrupados en distintos rubros como alimentos, vestuario, transporte, educación, salud entre otros. Estos grupos se ponderan según su importancia en el presupuesto familiar, y esta ponderación se utiliza para hacer una suma ponderada de los cambios en precios de los productos considerados a partir de encuestas en distintos centros de venta al consumidor.
Sin embargo, producto de una serie de razones que tienen que ver con los cambios intertemporales de un país, como el desarrollo tecnológico que disminuye costos de producción, o el crecimiento económico que aumenta los ingresos, o el aumento en la cobertura educacional que modifica comportamientos, en fin producto del cambio en todas las variables incorporadas en la noción de desarrollo social y crecimiento, el comportamiento y hábitos de consumo de las familias se modifica con el transcurso del tiempo, y mientras más tiempo transcurre, o más altas son las tasas de cambio, menos representativa se hace la canasta de productos seleccionados del consumo familiar que desea representar. Esto hace conveniente estar atento a esta evolución para cada cierto tiempo realizar un ajuste ya sea de las ponderaciones o de los  bienes considerados.
La selección de los bienes y servicios incluidos en la canasta, así como su ponderación  se realiza  a partir de encuestas de consumo y lo que ocurre, por tanto en esta oportunidad, es que con la información generada por  una reciente encuesta:  V Encuesta de Presupuesto Familiares aplicada a 8200 familias del Gran Santiago,  se ha procedido a eliminar algunos productos que ya no son importantes en el consumo de las familias chilenas como el pan amasado o el aceite suelto y agregar otros que si se han hecho importantes y que antes no estaban considerados como computadoras, pegamentos, tv-cable e insecticidas, entre otros. De acuerdo con la información entregada por el INE, se habrían eliminado 20 productos y agregado 100 y al mismo tiempo se han modificado las ponderaciones de cada grupo. Entre los impactos mas destacados de este cambio se observa una baja en la ponderación de los alimentos.
Esta modificación en la canasta no significa que vayan a observarse cambios significativos que afecten la estructura de la credibilidad en el indicador, ni de los criterios de reajustabilidad, sino simplemente que la medición de la inflación se ajusta a los nuevos hábitos de consumo producto de la continua diversificación del mercado y de los cambios en los niveles de ingreso. De hecho, la última actualización de la canasta del IPC se hizo hace diez años, y como se sabe la situación económica a cambiado bastante en este periodo. De hecho el producto percápita del año 1997 fue de aproximadamente US$ 5500 contra los aproximadamente US$3200 de hace  diez años atrás.
En realidad como el objetivo de este indicador estadístico es revelar los cambios en el costo del consumo de las familias, las bases de su estimación deberían modificarse cada vez que la estructura de consumo promedio se modifique, por lo tanto si los cambios en hábitos de consumo son más rápidos mas frecuente debería ser la periodicidad de los ajustes en la canasta utilizada para estimar las variaciones de precios al consumidor.
Sin embargo, difícilmente esta nueva canasta, y por lo tanto el indicador corregido que con ella se calcula, permitirá reflejar el cambio en el costo de la canasta de consumo de algún consumidor en particular, por lo tanto las criticas de la población en general y la falta de credibilidad de los hogares en particular permanecerán como siempre, de tal manera que siempre las personas podrán  observar que la variación de IPC informada no refleja los cambios en los precios de los bienes y servicios que cada familia consume.
En todo caso los agentes económicos activos, que necesariamente requieren utilizar un instrumento de reajustabilidad  para considerar la inflación en itemes como sueldos, unidad de fomento, arriendos, cuentas de ahorro,  etc. dispondrán por algún tiempo de un indicador mas aproximado a lo que se desea reflejar.
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Recientemente se desarrolló en Santiago la Segunda Cumbre de las Américas, esta vez según las autoridades con resultados concretos.  Sin entrar a comparar estos resultados con los de otras cumbres o eventos comparables se puede observar, al analizar el listado de acuerdos alcanzados, que el primero se refiere a un tema que se viene desarrollando hace años,  educación. La idea de que la inversión en las personas, especialmente en las habilidades humanas,  favorece el crecimiento económico fue definitivamente reconocida en 1962 cuando el Banco Mundial comenzó a financiar inversiones destinadas a la educación.
Efectivamente,  el primer resultado de la cumbre se refiere a Educación, invirtiendo en la gente, y forman parte de este los siguientes acuerdos: canalización de mayores fondos para la educación primaria y secundaria, capacitación del profesorado, mayor disponibilidad de textos escolares y programas de educación a distancia, actualización de programas de intercambio internacionales de profesores y estudiantes, fortalecimiento de los sistemas de aprendizaje con el fin de apoyar sectores vulnerables (incluyendo a las mujeres, poblaciones indígenas, trabajadores migrantes entre otros), y concreción de prestamos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de la Agencia Internacional para el desarrollo por un monto de US$ 8,3 billones para la educación durante los próximos tres años.
Adicionalmente otro resultado relacionado es el que se denomina: “Pobreza: Superando la pobreza, eliminando injusticias y potenciando el   crecimiento, la prosperidad y la equidad”, en el cual se hace referencia, entre otros, a  capacitación y tecnologías para los   microempresarios, reducción de enfermedades, a través de programas de inmunización y mejoramiento de  la calidad del agua potable,  programas contra el hambre y la malnutrición, especialmente en madres e infantes,  ancianos y discapacitados para cuyos efectos el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Mundial y la Agencia Internacional para el Desarrollo, comprometerían 12,5 billones de dólares por un período de tres años.
Como se mencionaba al comienzo estos acuerdos  siguen en la línea de los años sesenta, década en que se incorporó, en la dimensión del desarrollo económico,  el concepto de "equidad" y el destino social de recursos dejó de considerarse un gasto para constituir inversión y naciendo el concepto de inversión en capital humano. Es un hecho que desde que se comenzó a dar importancia a la  inversión en capital humano, se ha desarrollado la idea de que la forma más eficiente para atacar la extrema pobreza es la educación, especialmente por su carácter multiplicativo.
Su importancia queda reflejada en muchas instancias, como por ejemplo en la definición del Indice de Desarrollo Humano utilizado por las Naciones Unidas para el desarrollo, el cual considera solo tres variables para su determinación incluyendo  el logro educacional, junto a la esperanza de vida al nacer y el producto percapita.
Y las acciones y objetivos vinculados con ella se pueden ver resumidos en la estrategia de inversión en educación del  Banco Mundial, que ya en 1980, resumía los siguientes cinco puntos: 1. - La educación básica debe ofrecerse a todos los niños y adultos tan pronto como los resultados existentes y las condiciones lo permitan. A largo plazo un sistema comprensivo de educación formal y no formal se debe desarrollar a todos los niveles. 2- Para incrementar la productividad y promover la equidad social, las oportunidades educativas deben ser proporcionadas sin distingos de sexo, raza ni clase social. 3- Los sistemas educativos deben tratar de adquirir la mayor eficiencia interna en la administración, asignación y uso de recursos disponibles   para incrementar la cantidad y mejorar la calidad de la educación. 4. - La educación debe relacionarse con el trabajo y el ambiente general, para mejorar tanto cuantitativamente como cualitativamente, los niveles de conocimiento y las habilidades necesarias para el desarrollo económico, social y personal. Y 5. - Para satisfacer estos objetivos, los países en desarrollo necesitarán construir y mantener una capacidad institucional para diseñar, analizar, administrar y evaluar programas de educación y capacitación.
Por otra parte en las conclusiones de la 50ª, quincuagésima, reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del Banco Mundial  se planteó que "... si no se mejora la inversión en los sistemas educativos las perspectivas de desarrollo económico en el mediano y largo plazo se verían limitadas". Sobre la importancia de la educación como componente del desarrollo económico y social, el Banco Mundial menciona la experiencia de los denominados "Tigres Asiáticos", Hong-Kong, Taiwan, Corea y Singapur, cuyo milagro económico se explicaría por una apreciable inversión pública y privada en Educación desde hace tres décadas
Luego. si es cierto que el mayor nivel de educación aumenta las posibilidades de salir de la pobreza, en lo que se puede apreciar consenso internacional, se debe invertir mas y mejor en ella mejorando las condiciones de equidad, accesibilidad y calidad educativas. Y, para ello se requieren, además de los acuerdos, acciones concretas. De hecho el mejoramiento del sistema educacional chileno es uno de los objetivos prioritarios declarados por el gobierno, y si suponemos que ha dedicado sus mejores esfuerzos a este objetivo, poco podemos esperar de los acuerdos que solo ratifican acuerdos anteriores, como ocurre con el caso de la educación. Salvo ratificar que sigue siendo importante, a nivel de acuerdos.
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Así  como durante largo tiempo  se  escuchó u observó en distintos medios, los comentarios nacionales e internacionales que alababan nuestra economía poniendo énfasis en el logro y mantención de los equilibrios macroeconómicos de nuestro país, actualmente, y desde comienzos de año el tema recurrente es la crisis asiática, crisis que se ha visto agravada recientemente por sus efectos en la economía de Japon.  En estos días los comentarios  y acciones se han renovado radicalmente, el ministro Aninat  se esfuerza en establecer que la crisis esta en Asia y que Chile lo que tiene es un problema, no una crisis. Lo cierto es que probablemente no será posible alcanzar las metas macroeconómicas fijadas para  el año 1998 y aunque el  Presidente insiste en recomendar calma y serenidad al final muchos ya están asustados y se preguntan como los afectará  a ellos este problema.
 Sin embargo hoy, al observar como se está enfrentando la crisis en Asia y la consecuente inestabilidad que ha generado en los mercados financieros mundiales, se observa gran preocupación en los agentes económicos públicos y privados. Pero no solo los agentes económicos importantes están preocupados. La gran difusión de la mencionada crisis por los medios de comunicación, junto con los reiterados llamados a la opinión pública hechos por las autoridades y el  impacto de esta en algunas actividades productivas ha logrado preocupar al  ciudadano común.
Es cierto que la crisis puede afectar a todos los chilenos, de hecho el Banco Central  y el Gobierno han aplicado, a lo menos en dos oportunidades durante el presente año, medidas de política económica tendientes a influir en el gasto tanto del sector público como privado. Estas medidas tienen como objetivo desincentivar el gasto para adecuar su nivel a las nuevas condiciones económicas, lamentablemente ni siquiera los economistas están muy seguros de lo que va a ocurrir en el mediano plazo.
 En todo caso, acciones como la recientemente anunciada reducción el gasto fiscal, el incremento en las tasas de interés, que afectan al consumo y a la inversión por el aumento del costo del crédito, la reducción de la inversión extranjera, entre otras,  tienen necesariamente impactos directos en  las personas, quienes en definitiva deberán internalizar las consecuencias de estos cambios que se vienen observando en  la actividad económica.
Veamos,  el consumo privado es el componente más importante del destino de nuestra producción nacional, si consideramos  que este, el consumo, es la finalidad de toda la actividad económica dado que constituye la expresión de la satisfacción de necesidades  humanas entonces su disminución, indudablemente afectará negativamente la calidad de vida, en el mejor de los casos para quienes pueden cambiar consumo por ahorro, la  disminución ahorro significaría solo postergación del consumo.
Por otra parte la inversión es un requisito necesario para mantener o eumentar el crecimiento, su reducción por ende implica reducción del crecimiento económico y las consecuencias que ello conlleva: disminución de ingresos, disminución de la generación de empleos, disminución de la recaudación fiscal con las consecuencias en los destinos fiscales de recursos y al mismo tiempo, disminución o paralización del crecimiento de los salarios reales al disminuir la competencia generada por los  nuevos empleos.
Con respecto al gasto fiscal, el estado financia muchas instituciones y servicios necesarios para la sociedad que de otra manera no se dispondrían. Normalmente el estado debe priorizar sus destinos de recursos tratando de satisfacer el máximo de demandas sujeto a una restricción presupuestaria, la reducción anunciada de este gasto obviamente a obligado al gobierno a redefinir sus prioridades ajustándose a un menor presupuesto lo que necesariamente se tendrá que reflejar en algunos sacrificios. Al respecto, sin embargo, es necesario recordar que parte del anuncio de las autoridades a garantizado que por esta vez no se afectará el área de gastos sociales. Es deseable que no sea necesario un nuevo ajuste, por que en este caso a lo mejor resulta imposible no afectar la llamada agenda social del gobierno.
Lo importante es que a juicio de un gran número de economistas los agentes conductores de nuestra economía están actuando en el sentido correcto , y al mismo tiempo procurando que las medidas que se adoptan trasciendan a la opinión pública en forma clara y transparente, generando señales que apuntan en la dirección deseada, esto es ajustarse a determinadas  metas macroeconómicas que tienen que ver con los óptimos niveles de inflación, crecimiento y empleo que podrían lograrse en un escenario afectado por la crisis asiática.
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