Honrada por el llamado de la UdeC a desempeñar el cargo de fiscal en la Dirección de Equidad de Género y Diversidad (Deged) se manifestó la abogada Patricia Parra, quien asumió sus funciones convencida de la relevancia de la postura que la casa de estudios ha asumido frente a los temas de género.

“Pienso que es posible hacer un trabajo muy contundente en el mediano y largo plazo en orden a cambiar los paradigmas con los que se han construido las relaciones entre hombre y mujer”, afirmó la exalumna UdeC, especialista en Derecho Internacional de Derechos Humanos, quien cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de personas que sufrieron violaciones a a sus derechos durante la dictadura.

La profesional -que fue parte del equipo regional del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, entre 1996 y 2015- señaló que lo que está ocurriendo en la Universidad debe entenderse como un proceso y que, en ese contexto, su función en la fiscalía “tiene que ver también con las formas de conciliar una mirada desde la perspectiva de género con la complejidad que significa el cambio”.

En estos días, la abogada ha estado revisando las denuncias recibidas en la Deged, además de conocer el contenido del proyecto sobre los protocolos frente a situaciones de abuso o acoso y la normativa universitaria, en general, para establecer los marcos de actuación de la fiscalía que, como expresó, deben estar ajustados a la justicia chilena y el derecho internacional.

El trabajo de la fiscalía, agregó, debe responder a “la mirada de Rectoría sobre los temas de género, enfatizando los matices que esta Dirección (la Deged) está llamada a relevar” y, en ese sentido, explicó que “se va a promover el apoyo a las víctimas, pero considerando también las garantías del debido proceso (para los denunciados)”.

“Aquí -agregó- hay un derecho a la verdad que debe primar sobre la base de las garantías de igualdad y bilateralidad; nos interesa dar garantías de ecuanimidad en el mayor grado posible y eso supone, también, ciertas exigencias en términos de la responsabilidad en las denuncias y del resguardo del secreto cuando se plantee”.

En resumen, como detalló, el trabajo de la fiscalía descansa en cuatro pilares: la promoción de la visión de Rectoría en materia de género, el apoyo de las personas “que se sientan afectadas en sus derechos o en su dignidad", las garantías del debido proceso a quienes se señalan como resposansables de casos de abusos y el desarrollo de las investigaciones de “la manera más ecuánime y diligente posible y en el contexto del protocolo que en este tiempo va a ser objeto de discusión y análisis”.

Para la abogada, esta fiscalía -en la que tendrá dedicación exclusiva- es un nuevo desafio profesional que, dijo, decidió aceptar porque “hay una sintonía con la mirada con que la Rectoría enfrenta esta temática, que no la rehuye en absoluto, y eso me tiene muy satisfecha”.

Además de su labor en Derechos Humanos, Patricia Parra ha estado involucrada en temas de género como encargada de la Unidad de Mujer y Trabajo en la Pastoral Obrera (en los años 90) y en programas de educación para mujeres vulnerables del Ministerio de Trabajo. Cuenta con diplomas en derecho penal y en nuevos procedimientos y, actualmente, es candidata a magíster en Derecho Internacional en Derechos Humanos por la Universidad Diego Portales.