En la actualidad es común oír en distintos ámbitos acerca de las misiones que debe cumplir una universidad de excelencia: la primera referida a la realización de DOCENCIA de pre y post grado, la segunda en la realización de labores de INVESTIGACIÓN básica y aplicada y la tercera consistente en contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad mediante la TRANSFERENCIA TECNOLOGICA de los productos innovadores generados en la Universidad. En el marco de la sociedad del conocimiento, su transformación en actividad económica, es la base de la tercera misión de la universidad. Ella entonces es un componente básico del sistema de innovación de un país o región, junto con las empresas y las entidades públicas, lo que en su conjunto se ha denominado como “triple hélice”.

La base sobre la cual se cimienta la transferencia tecnológica es la propiedad que se ha asignado de los resultados de la investigación a las entidades de educación superior, que les permite negociar con mayor libertad con la industria, su posterior comercialización por la vía de la concesión de licencias. Esta norma que ha imperado en las políticas públicas de nuestro país de al menos los últimos 20 años, que asigna propiedad y uso libre de los resultados a las universidades aun cuando la investigación se haya financiado con fondos públicos, es un reflejo de la llamada “Bayh Dole Act” que en el año 1980 en Estados Unidos estableció tal beneficio a las universidades de modo de brindar seguridad jurídica en torno a quien tendría el derecho a disponer de las nuevas tecnologías.

Lamentablemente, el proyecto de Ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología incluye en su regulación sobre la titularidad de las patentes de invención universitarias logradas, con todo o parte, de fondos públicos una norma que constituye un retroceso en la promoción de la transferencia tecnológica. En efecto, el proyecto establece que si del proyecto de desarrollo científico o tecnológico resultaren resultados susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial, la institución o persona a la que se le asignaron los recursos podrá solicitar su protección, debiendo previamente haber reportado a la Agencia, lo cual constituye una primera limitación a la práctica actual.

Adicionalmente plantea la posibilidad de dejar en favor del Estado una licencia abierta sobre la patente universitaria supeditando su alcance lo que defina el Reglamento de la ley, lo cual parece ser el aspecto más grave ya que comercialmente tal limitación será un desincentivo para que las empresas inviertan en llevar a la comunidad los productos derivados del I+D generado en las universidades.

Ximena Sepúlveda
Jefa Unidad de Propiedad Intelectual
Vicerrectoría Investigación y Desarrollo
Universidad de Concepción

Teléfono (56) 41220 4437
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