El Rector de la Universidad de Concepción y Vicepresidente Alterno del Consejo de Rectores, Sergio Lavanchy, valoró esta mañana la aprobación, luego de casi cuatro años, de la Ley de Educación Superior, aunque criticó varios aspectos de ella, especialmente los relacionados con el financiamiento de las universidades que forman parte de la Red G-9.

La ley, que luego de ser revisada por el Tribunal Constitucional debería ser promulgada por la Presidenta de la República, consagra la gratuidad e incluye un plan de fortalecimiento a las universidades estatales, y además contiene dos indicaciones fundamentales para la Universidad de Concepción.

En primer lugar, en su texto original esta normativa no hacía distinción entre las universidades públicas no estatales y las creadas después de 1981, lo cual impedía que estas tuviesen empresas asociadas, al establecer prohibiciones en dicho sentido para todas las universidades que fueran corporaciones de derecho privado.

Al respecto, el Rector comentó que “la Universidad de Concepción es un ejemplo claro de una universidad que, no siendo estatal, cumple todos los roles de una universidad pública estatal” y por ende destacó que se haya logrado eximir de esas prohibiciones a las Universidades Austral, Federico Santa María y de Concepción.

“Nos costó mucho, pero debo decir, nos entendieron tanto la Comisión de Educación del Senado como también la Ministra Delpiano y la Jefa de la División de Educación Superior, quienes se comprometieron a colocar las indicaciones en el proyecto del Ejecutivo”, explicó.

En dicho sentido, resaltó el papel cumplido por los miembros de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, señalando que “la comisión hizo un muy buen trabajo, en el sentido de resolver una serie de situaciones que nosotros los rectores veníamos planteando, y particularmente algunos rectores de las universidades públicas no estatales. Cuando sale del Senado y va al tercer trámite en la Cámara de Diputados, es aprobado sin indicaciones. Creo que eso hace pensar en la importancia real del Senado respecto de los proyectos de Ley, donde se le da una visión mucho más completa de lo que se requiere, en este caso, para el sistema de educación superior de nuestro país”.

Consultado sobre el convenio marco para las universidades del Estado, por medio del cual se entregarán 300 mil millones de pesos incluidos en un plan de fortalecimiento, mientras que para las universidades del G-9 se consagran convenios basales por desempeño, cuyo monto será fijado año a año en el presupuesto de la nación, explicó que es muy importante que aquello haya quedado establecido en la normativa y no sujeto a glosas presupuestarias, agregando que “el planteamiento nuestro es que está bien que se potencie a las universidades del Estado, pero también debería potenciarse en forma equivalente a este grupo de universidades que cumple el mismo rol que las universidades del estado, en lo que respecta al desarrollo de las regiones, del territorio y al apoyo a los estudiantes con situación socioeconómica compleja, entre otras funciones”.

Por lo anterior, lamentó que “no se haya colocado con el plan de fortalecimiento de las estatales otro similar para las universidades del G9, que podrían ser 100 mil millones. Eso no fue acogido y nos habría dejado en una situación similar para el fortalecimiento del sistema público, las universidades reconocidamente públicas”.

La autoridad agregó que “esto obliga a nuestras universidades a fortalecernos, a buscar nuevas formas de ingreso. Tenemos que ser más creativos, lo hemos sido, pero vamos a tener que seguir siendo más creativos”, destacando que “no hay que olvidar que desde su creación la Universidad de Concepción, a muy corto andar, creó una figura de donaciones con sorteo y así partió la Lotería, la cual ha sido una fuente de ingresos con la que la Universidad no sería lo que es hoy. La creatividad partió de los fundadores y tendremos que seguir viendo con esa creatividad cómo allegar recursos, no para que lucre alguien, sino para darle educación de calidad a nuestros estudiantes, mejores laboratorios, mejores rentas a los profesores, etc. y para eso se necesitan recursos”.

Finalmente, Lavanchy destacó que “es bueno que haya una Ley de Educación Superior. Los rectores siempre habíamos planteado la necesidad de una nueva institucionalidad, un sistema regulatorio a través de una superintendencia y revisar el sistema de acreditación, de manera que creo que es positivo que haya terminado un proceso tan tortuoso, largo y complejo”, indicando que “esto no significa que no tengamos reparos. Estamos contentos por haber hecho justicia con algunos elementos que eran una discriminación tremenda a este grupo de universidades y vamos a tener que ver cómo se comporta en el tiempo. No me cabe duda que en un par de años tendrán que hacerse modificaciones respecto al financiamiento u otros aspectos”, concluyó.