A un mes de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Departamento de Derecho Público de la UdeC llevó a cabo un seminario para reflexionar sobre este instrumento adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1948, como un estándar internacional en la materia.

Organizado junto al Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Democracia y el Centro Estudiantil de Estudios Internacionales, el seminario contó con la participación de un grupo de cinco abogadas y un abogado exalumnos de la UdeC.

“La Declaración es quizás el instrumento más importante a nivel internacional, que desde 1948 fija las reglas de la convivencia democrática y nos pareció interesante hacer un análisis crítico y situado en sus 70 años”, señaló la académica Amaya Álvez, coordinadora del seminario.

La Dra. Álvez señaló que la necesidad de una visión crítica se debe a que “no todo lo que contiene el papel realmente ocurre en la práctica; entonces es importante mirar la realidad para saber si la norma jurídica ha sido capaz de abordarla o si es necesario mejorar o complementar la norma”. También, se pensó en un análisis situado, desde una perspectiva “glocal”, para conocer cómo este instrumento global se aplica en el plano local (país), con sus particularidades, agregó,

La académica destacó la participación de egresados que han estudiado postgrados o han hecho trabajo de campo en Derechos Humanos, porque a través de su experiencia los estudiantes pueden “ver esa aplicación práctica que aquí analizan más bien de forma teórica”; algo que, a su juicio y en general, falta en la formación de abogados en el país.

Este fue uno de los aspectos abordados por Camila Ramírez, visitante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre mayo y agosto de este año, quien comentó que la educación de abogados y abogados en esta materia no está presente en el Plan de Derechos Humanos del país y que hoy sus conocimientos dependen de la mayor o menor profundidad con que hayan tratado los temas en sus universidades.

La profesional manifestó su preocupación por esta falencia, señalando que “los abogados que van a tener trascendencia en el futuro son los que sean capaces de precisar al tribunal que aplique los estándares internacionales”, a la vez que evidenció esta necesidad también a nivel de jueces.

Junto a Ramírez expusieron Mariana Pinto (Derechos Humanos en el arbitraje internacional de inversiones), Valentina Rioseco (Derechos Humanos y migración), Rodrigo Zapata (Criminalización del Pueblo Mapuche), Natalia Bórquez (derechos de las mujeres) y Daniela Santana (derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, LGTBI).