Los rectores que conforman la Red G9, de Universidades Públicas no Estatales, entregaron este mediodía, en el Palacio de La Moneda, una carta dirigida a la Presidenta de la República, en donde exponen sus principales planteamientos ante el próximo envío al parlamento de la reforma a la educación superior.

La misiva, firmada por todos los miembros, ahonda en las dudas y necesidades de las instituciones públicas no estatales de educación superior, especialmente en términos de financiamiento y en la necesidad de que el proyecto de ley de reforma a la educación superior considere y valore el rol y función pública que cumplen estas casas de estudios superiores.

El Rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, señaló al respecto que la intención de la carta fue “documentar nuestras observaciones a una ley de educación superior que puede ser mejorada”, agregando que “el primer hito fue la reunión que tuvimos con la Ministra de Educación y el Ministro de Hacienda, en donde se nos hizo ver claramente cómo venía el proyecto de ley y particularmente las políticas públicas de financiamiento a las universidades. Esa fue casi una notificación a nuestras universidades de cómo viene el proyecto de ley en estos temas”.

Lo segundo, agregó, “es que es inminente que el proyecto será presentado y nosotros pensamos que, si existe la voluntad del Ejecutivo de cambiar aquellos elementos que consideramos perjudiciales para el futuro desarrollo de las universidades, podría ser algo muy positivo”.

En el mismo sentido, argumentó que “esta carta muestra el por qué pedimos que se nos dé un trato equivalente. Siempre hemos dicho que las universidades estatales deben ser apoyadas por el Estado, pero hay otro conjunto de universidades que merece también, por su historia, por su trayectoria y por el servicio que han aportado por muchos años, un tratamiento similar al que se quiera dar a ellas”, finalizó, refiriéndose a las Universidades de la Red G9, integrada por las Universidades de Concepción, Austral, Federico Santa María, y Católicas de Chile, de Valparaíso, de Antofagasta, del Maule, de Temuco y de la Santísima Concepción.

Cabe mencionar que la misiva indica, a este respecto, que “poor su enorme contribución, nuestros planteles han recibido siempre desde el Estado un trato institucional como personas jurídicas de derecho público, sin embargo hoy se pretende desconocer este aporte y se plantea una clara discriminación hacia nuestras instituciones”.

Asimismo, el documento agrega que “la tradición y aporte de las universidades del G9 constituye un patrimonio de todo Chile, que se debe valorar, preservar y estimular; ante el escenario que plantea esta necesaria reforma, que avanzará en la consolidación de derechos, creación de mejores oportunidades y una sociedad más justa, consideramos esencial distinguir y potenciar a las universidades de compromiso y vocación pública”.

Por su parte, el Presidente de la Red G9 y Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, indicó que se comparte la preocupación respecto del fortalecimiento de las universidades del Estado, pero que al no ser consideradas las Universidades No Estatales que forman parte del Consejo de Rectores, “significa que no estamos dentro de las prioridades, y eso, por el carácter y el aporte de estas instituciones, es una cuestión que no corresponde en un proyecto tan refundacional como este”.

Por su parte, el Rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz, comentó que el trato discriminatorio que se deduce de este proyecto conduce, al fin y al cabo, a una politización de las universidades, de manera que se restringe la autonomía universitaria y el pluralismo y la diversidad actualmente existentes en el sistema educativo chileno.

“Para nosotros como UCSC eso involucra peligros inherentes, dado que, aparte del trato discriminatorio en cuanto a financiamiento, se añade el trato discriminatorio en cuanto a autonomía de matrículas y de poder crecer y desarrollarse en nuestro proyecto educativo”, señaló.

En el mismo sentido, precisó que “resulta curioso que, justamente a raíz de una apertura de los proyectos universitarios nacidos con la ley de 1981, nosotros como instituciones que tenemos una tradición y prestigio en nuestras regiones, seamos confundidos con universidades privadas constituidas a partir de la ley del ‘81. Nuestro foco siempre fue una vocación y una esencia de compromiso público en el sentido de promover el bienestar, el bien común y los intereses generales en nuestras regiones”, comentó.

La carta está disponible en el siguiente enlace

Carta en diario El Mercurio

En este contexto, nuevos elementos a esta discusión fueron aportados hoy por una carta publicada en el diario El Mercurio, y firmada por el Dr. Carlos Huneeus, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

En el texto, el académico plantea que “impacta que cuando se discute una reforma de la educación superior los rectores del G-9 tengan que apelar a su historia para no ser perjudicados con los cambios. Pareciera que algunas autoridades la desconocen. Sorprende el silencio transversal de los parlamentarios de esas zonas acerca del aporte de esas universidades históricas”.

A este respecto, entre otras preguntas que formula, se cuestionó “¿Es necesario que el Rector de la Universidad de Concepción les recuerde a las autoridades que su universidad es responsable del 95% de la investigación científica de la Región del Bío Bío, como lo indica un estudio reciente de la Ocde?”.

La carta termina con un llamado a “llevar adelante un debate serio sobre la necesaria reforma de la educación superior, considerando su diversidad, sin desconocer la contribución de las universidades "no estatales" durante la accidentada historia de nuestro país”.