Despenalización del aborto y Tribunal Constitucional

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Carlos Contreras
Abogado
carloscontreras.quintana@gmail.com

 

Un sentimiento extraño me asalta a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad respecto de las tres causales de interrupción del embarazo que se aprobaron por el Congreso Nacional, pues no cabía en mi cabeza que una situación que era permitida, incluso en dictadura, hasta el año 1989, no fuera posible en democracia y en un Estado Laico, era casi tan inadmisible como la circunstancia que todos aquellos políticos y servidores públicos que han aprobado leyes desde el año 1989 en adelante y que estudiaron hasta el año 1973 gratis, defiendan el sistema de educación pagado por los ciudadanos.

En efecto, el artículo 119 del Código Sanitario que rigió desde el año 1931 hasta marzo del año 1989 prescribía: “sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo y para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos”, es decir, incluso podemos apreciar que era posible extender más la interpretación de las posibilidades de interrupción a más casos que los que hoy se aprueban, pues bajo el concepto de “fines terapéuticos”, existen muchas otras circunstancias que podrían autorizar dicha interrupción y no sólo el peligro de vida para la madre, el ser que está por nacer o en caso de violación.

No soy cristiano, tampoco soy judío, racista o cualesquiera otra condición que pudiera tener un ser humano, pero he sido criado en la firme convicción que no tengo el derecho de imponer mi forma de pensamiento, mis sentimientos, ni mi forma de ver la vida a nadie, incluso no tengo ese derecho respecto de mis hijos quienes libremente buscarán su camino en la vida y yo sólo trato de entregarle valores para que puedan optar de la mejor manera, valores cristianos, laicos y de cualquier otro tipo si son universalmente reconocidos como buenos. Por lo anterior me parece inadmisible que, desde un púlpito, desde una catedral o desde cualquier otro lugar se condene a quien debe tomar una decisión que, por lo demás, le acompañará toda la vida. Tampoco soy mujer, pero junto a mis tres hermanos fuimos criados por una madre que fue padre a la vez y, por ello, me consta que la mujer puede ser padre, pero el hombre nunca podrá ser madre. En el mismo sentido y, a pesar de no ser creyente, trato de actuar con misericordia en la vida y ello significa compadecerse del sufrimiento de otro y tratar de acompañarlo, misericordia que especialmente es importante cuando una mujer que ha sido violada, cuya vida está en peligro como consecuencia del embarazo o cuyo feto es inviable, debe adoptar una decisión tan compleja como interrumpir el embarazo, pues dicha decisión es demasiado compleja para siquiera pensar en entenderla si uno no está en dicha situación.

Es buena la discusión de principios en torno a cualquier tema, incluso éste, pero cuando se debe tomar una decisión por quien directamente se encuentra afectada, dichas discusiones quedan muy atrás.

No quiero felicitar la sentencia del Tribunal Constitucional porque, en rigor, sea partidario de la interrupción del embarazo en estas causales, sino que felicitarlo porque se ha efectuado una resolución que no excluye a una parte importante de la sociedad. Seguramente el creyente NUNCA optará por la interrupción del embarazo, pero aquellos que no lo son y cuyas urgencias y pesares son mayores que el conocer, asumir o vivir un credo tendrán la libertad de optar y ello habla de un Estado que respeta a todos sus integrantes en sus credos, sentimientos y en sus vidas.

 

Columna publicada en La Prensa Austral

 

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