El nuevo giro de América del Sur: ¿Qué queda de las instituciones?

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Diego Jiménez Cabrera
Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas
Administrador Público con mención en Ciencia Política UdeC
Magister en Estudios Internacionales y doctorando en Estudios Americanos de la USACH

 

La corrupción estructural en América del Sur no es un fenómeno nuevo. No obstante, en esta ocasión sí tiene un componente diferente: en vez de perfeccionar las instituciones internacionales en términos discursivos para luego mantener las instituciones nacionales en iguales condiciones, ahora las respuestas han sido disímiles.

En primer lugar, la reacción del Perú ante el caso Odebrecht ha causado controversia. Ollanta Humala y la ex primera dama, Nadine Heredia, han sido sometidos a prisión preventiva por financiamiento ilegal de campañas políticas tras un aporte de US$ 3 millones. Con esto, se completa la insólita nómina bajo la cual todos los ex presidentes vivos del Perú se encuentran en prisión (Alberto Fujimori, Ollanta Humala), en investigación (Alan García) o con orden de captura internacional (Alejandro Toledo), esto es, los gobiernos desde 1985 a 2016. Si bien es cierto que esto responde a considerables esfuerzos por dilucidar el caso Odebrecht y sus aristas, la respuesta a todo lo sucedido, además de las investigaciones de la Fiscalía, es la proposición de un proyecto de ley para decretar la imprescriptibilidad de los casos de corrupción de mayor gravedad.

En Colombia, el caso afectó a ex viceministro de transportes de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales. Asimismo, está en curso una investigación del caso Odebrecht contra Juan Manuel Santos (actual presidente) y Oscar Iván Zuluaga (competidor en las últimas elecciones presidenciales), pidiendo el primero disculpas públicas por la obtención de fondos ilegales para financiar campañas (Reuters, 14 de marzo de 2017). Se estima que el total de los sobornos transferidos entre 2009 y 2014 ascienden a US$ 11 millones. De nuevo, presidente y candidatos presidenciales, así como funcionarios de alta jerarquía de la administración pública con investigaciones en curso por parte de la Fiscalía General de la Nación. De modo similar, se pagaron 13 US$ millones en sobornos, cuyos protagonistas son Carlos Pólit (actual Contralor General) y Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, actual vicepresidente de la República, quienes se encuentran en investigación, con riesgo de juicio político para el primero (ABC Internacional, 6 de junio de 2017).

La situación de Brasil y Chile no resulta mejor. En el primero, Fernando Collor de Mello está siendo acusado de lavado de dinero, corrupción pasiva y peculado (Estadao, 3 de julio de 2017). Luis Inacio Lula da Silva ha sido declarado reo por corrupción, Dilma Rousseff destituida de su cargo en 2016 bajo el cargo de violación a la responsabilidad fiscal, y Michel Temer está siendo investigado por solicitar sobornos para el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (DN, 18 de mayo de 2017). Todos dentro del caso Lava Jato (lavado de autos), en el cual se han destinado pagos a través de Petrobras para coimas y favores políticos por más de US$ 9.000 millones, y dentro de los cuales Odebrecht se estima en uno de los principales responsables.

Dentro del último caso referido, también se investiga la entrega de financiamiento ilegal de la actividad política en el caso de Marco Enriquez – Ominami por aceptar la entrega de un jet para su campaña presidencial de 2013 por parte de la constructora brasileña (Reuters, 1 de marzo de 2017), lo cual sigue en investigación. Además, Sebastián Piñera, actual candidato presidencial de Chile Vamos, disputó las primarias de la coalición de derecha en calidad de imputado por el caso Exalmar, en el cual figuró durante hasta 2016 como uno de los mayores accionistas de la compañía. Esta última obtuvo derechos de pesca en la zona marítima litigiosa entre Perú y Chile en el caso ante la Corte Internacional de Justicia (2008 – 2014). Actualmente, el fiscal responsable de la causa, Manuel Guerra, ha desestimado la participación del candidato por no haber indicios de ello, lo que derivó en el inicio de las gestiones para sobreseerlo (El Mostrador, 2 de agosto de 2017).

Los hechos y tendencias antes señalados no son menores. La corrupción, uno de los grandes problemas de América del Sur, ya no apunta solamente a una cuestión de cultura de élite sobre el ejercicio del poder y la función pública. Denota un serio problema de cultura política, en el cual las diferentes sociedades buscan arreglar el problema dentro de las instituciones y en la calle sin vincular todo aquello a participación electoral y a acuerdos internacionales para mejorar la situación. De esta forma, el sentimiento de que las élites tienen la culpa y la responsabilidad de las crisis de sistemas políticos en la región es una parte del problema, mientras que el otro está de mano de los ciudadanos ¿Por qué el estándar ético se exige a algunos candidatos y a otros no? ¿Qué hacemos los ciudadanos eligiendo candidatos con una conducta pública éticamente reprochable si nos molesta tanto el problema, salvo cuando el candidato es de los nuestros? Candidatos y funcionarios cuya probidad los ciudadanos someten a escrutinio, mientras que los primeros ajustan las instituciones uniendo en un mismo espacio y argumento los intereses personales y estatales. Esto último se da en un continuum en el cual los deberes y derechos han dejado de ser percibidos como recíprocos y necesarios para la paz social. Esto no resulta fácil cuando la institucionalidad en general ha comenzado a percibirse como ilegítima, con lo cual el perfeccionamiento de las instituciones desde adentro también se ve como algo ilegítimo.
La salida a la crisis tiene costos y beneficios para todos. Entendámoslo, y nivelemos hacia arriba… por favor.

 

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