La verdad… ¿Los hará libres?

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Por
Carlos Contreras
Abogado
carloscontreras.quintana@gmail.com

 

Una vez más el ex Contralor General de la República Ramiro Mendoza ha sorprendido al medio nacional desde su actual posición de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez proponiendo una especie de amnistía para resolver la situación generada por los dineros obtenidos con infracción a las normas electorales y tributarias para financiar campañas, más conocido como el de “las platas políticas”.

El reconocido abogado precisó que la corrupción está instalada en el país generando una tensión en la institucionalidad, que existe un debilitamiento de los partidos políticos y que existe una confusión buscando responsabilidades penales donde sólo existen faltas éticas. Finaliza señalando que la ciudadanía cree que la ley sería el vehículo de salvación en circunstancias que son las propias instituciones las que deben encontrar respuestas y soluciones. La propuesta del colega consiste en una especie de “delación compensada” de quienes concurrieron al financiamiento irregular con el objeto de reconocer su participación, pagar las multas e impuestos correspondientes… y a partir de ello esperar una conducta diferente por parte de los actores de la política.

Concuerdo con el ex contralor en cuanto a que muchas de las situaciones de financiamiento por boletas no constituyen, desde la perspectiva de la política un delito en sí mismo, sí una falta ética, sin perjuicio que tributariamente pueda perseguirse una responsabilidad penal que, en cada caso, se debe determinar.

También estoy de acuerdo que es necesario sincerar, decir la verdad en cuanto a dar cuenta de la verdad de los hechos, pero en la medida que todos y cada uno de los candidatos, hoy parlamentarios, den cuenta de la forma en que financiaron su campaña de elección.

Ahora bien, respecto de las sanciones, evidentemente que tendrán que asumir las que el sistema u ordenamiento jurídico establezcan, pero también creo que no podemos dejar de lado la necesidad de una sanción política al fin de cuentas, que sólo se dará por parte del electorado al momento de presentarse a la reelección, y será el electorado el que determine si su actuar éticamente reprochable en la elección anterior puede ser perdonado políticamente dando una nueva oportunidad para representar a la ciudadanía en el cargo que corresponda. Para los efectos expresados sería necesario establecer un registro que permita a la ciudadanía tener absoluta claridad al respecto al momento de votar, pues de otra forma estaríamos cerca de las incombustibles soluciones de parche que parecen solucionar un problema, pero concurren a profundizarlo un poco más, pues si no se coloca en evidencia a quien actuó mal, respecto del que actuó bien, estamos premiando a quienes éticamente no respondieron a la confianza del electorado.

Columna publicad por La Prensa Austral

 

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